Chaves y Zarrías dicen adiós a sus escaños
El expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y su exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, ambos imputados por el Tribunal Supremo en la causa de los “ERE” fraudulentos de Andalucía, formalizaron ayer su renuncia al escaño de diputado, que tendrá efectos a partir del jueves, 2 de julio.
En un escrito recogido por Europa Press, Chaves comunicó que renuncia a su escaño por Cádiz “con efectos del día 2 de julio”, fecha a partir de la cual ya no ostentará la condición de diputado del Congreso, y por tanto aforado.
Se trata de un escrito de renuncia prácticamente idéntico al presentado por Gaspar Zarrías, en este caso fechado el pasado sábado aunque registrado ayer también. En sus escritos, ambos aprovechan para expresar su agradecimiento a los servicios de la Cámara por las atenciones recibidas en estos años de parlamentarios. El tercer diputado imputado es José Antonio Viera, que se negó a dejar el escaño por lo que deja el PSOE y se pasa al Grupo Mixto.
“Grave Error”. Por su parte, el expresidente andaluz Manuel Chaves solicitó al Tribunal Supremo que paralice el suplicatorio que éste órgano tiene previsto remitir al Congreso para poder seguir investigándole por un delito de prevaricación administrativa en la causa de los “ERE” fraudulento. Aseguró que el magistrado instructor de su causa en el alto tribunal, Alberto Jorge Barreiro, parece “desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo” y cometió “un grave error” en su análisis de la conducta del exmandatario andaluz. “Dicho sea con el máximo respeto y en estrictos términos de defensa, considerar que la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos por parte del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma puede ser constitutivo de un delito de prevaricación es, además de gravemente erróneo, una afirmación que supone desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo”, dice concretamente en un escrito de alegaciones. La defensa aseguró que los Proyectos de Ley de Presupuestos en los que se incluyeron las ayudas sociolaborales se llevaron a cabo siguiendo una escrupulosa tramitación parlamentaria por una cámara en la que estaban representadas las fuerzas políticas y con el control de una Oficina Técnica ideada con este fin.
En un escrito recogido por Europa Press, Chaves comunicó que renuncia a su escaño por Cádiz “con efectos del día 2 de julio”, fecha a partir de la cual ya no ostentará la condición de diputado del Congreso, y por tanto aforado.
Se trata de un escrito de renuncia prácticamente idéntico al presentado por Gaspar Zarrías, en este caso fechado el pasado sábado aunque registrado ayer también. En sus escritos, ambos aprovechan para expresar su agradecimiento a los servicios de la Cámara por las atenciones recibidas en estos años de parlamentarios. El tercer diputado imputado es José Antonio Viera, que se negó a dejar el escaño por lo que deja el PSOE y se pasa al Grupo Mixto.
“Grave Error”. Por su parte, el expresidente andaluz Manuel Chaves solicitó al Tribunal Supremo que paralice el suplicatorio que éste órgano tiene previsto remitir al Congreso para poder seguir investigándole por un delito de prevaricación administrativa en la causa de los “ERE” fraudulento. Aseguró que el magistrado instructor de su causa en el alto tribunal, Alberto Jorge Barreiro, parece “desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo” y cometió “un grave error” en su análisis de la conducta del exmandatario andaluz. “Dicho sea con el máximo respeto y en estrictos términos de defensa, considerar que la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos por parte del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma puede ser constitutivo de un delito de prevaricación es, además de gravemente erróneo, una afirmación que supone desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo”, dice concretamente en un escrito de alegaciones. La defensa aseguró que los Proyectos de Ley de Presupuestos en los que se incluyeron las ayudas sociolaborales se llevaron a cabo siguiendo una escrupulosa tramitación parlamentaria por una cámara en la que estaban representadas las fuerzas políticas y con el control de una Oficina Técnica ideada con este fin.
