Chamizo pide una segunda opinión antes de que se deniegue la adopción

La institución que dirige José Chamizo alega, en una resolución a  la que ha tenido acceso Europa Press, que ha recibido numerosas  quejas de familias que no fueron consideradas aptas como adoptantes  porque la entidad privada a la que Igualdad tiene encomendado desde  2008 esta tarea de certificación basó la negativa "en juicios sobre  cuestiones tan subjetivas como las intenciones, vivencias o  aceptación de sentimientos" de los futuros padres.
Según explica la Defensoría andaluza, la evaluación de la  idoneidad para la adopción se sustenta, en la práctica, tanto en  aspectos "de más fácil comprobación por ser tangibles y mensurables"  --capacidad económica, relaciones familiares, ausencia de  enfermedades, estado de la vivienda, organización familiar,  habilidades para la educación-- como también en "otros apartados más  susceptibles de interpretación subjetiva, muy relacionados con la  parte emocional de las personas". 
Es decir, que dejando a un lado los aspectos fácilmente  comprobables y descartando la existencia de indicios de posibles  patologías mentales, la búsqueda de la ideonidad "se adentra en el  mundo de aquellas otras cuestiones mucho más subjetivas que, aún  siendo relevantes para la adopción, no pueden ser llevadas al extremo  de excluir a la persona de su expectativa de adoptar con fundamento  en hipótesis carentes de comprobación, o con fundamento en  interpretaciones poco consistentes de lo relatado en las entrevistas,  conforme a la teoría de una concreta corriente doctrinal de la  psicología", argumenta el Defensor en su resolución.
Es por ello por lo que recomienda a la Administración que, además  de conveniar con los colegios de psicólogos y trabajadores sociales  para que éstos puedan emitir una segunda valoración con la que las  familias puedan reclamar ante la Comisión Provincial de Medidas de  Protección, promueva la elaboración de "un manual o documento técnico  que describa los instrumentos, procedimientos y criterios a utilizar  en el procedimiento de valoración de idoneidad" para que, de este  modo, haya "homogeneidad" en la labor de los profesionales que  intervienen en dicho proceso.
En esta misma línea, y para evitar que los evaluadores elaboren el  certificado de idoneidad conforme a distintos criterios y para "huir  de inconcreciones, falta de rigor o arbitrariedades" en dicho  documento, Chamizo solicita que se "establezca reglamentariamente un  formato de informe de valoración de idoneidad con diferentes  apartados a cumplimentar de forma obligatoria por el personal que  elabore dicho informe". En él, apostilla, "habrá de reseñar con  detalle tanto el método de trabajo y las técnicas empleadas, como el  apoyo científico o doctrinal de determinada conclusión", ya que en  psicología existen distintas corrientes o sectores doctrinales que,  ante los mismos hechos, pueden reflejar distintas conclusiones.
Otro tema importante que el Defensor del Pueblo Andaluz destaca  del estudio de la idoneidad es el de las entrevistas personales a las  que, tal y como establece el decreto sobre Acogimiento Familiar y  Adopción, las familias deben someterse en su domicilio, como mínimo,  una vez. En ellas, los futuros adoptantes están obligados a  cumplimentar las pruebas y cuestionarios que los evaluadores le  indiquen y éste analizará todos aquellos datos, conductas y sucesos  que acontezcan durante el encuentro para su posterior valoración.
Advierte Chamizo al respecto que en la comunicación entre personas  el lenguaje no exclusivamente verbal, apoyado en la entonación y  énfasis de las palabras, en gestos, actitudes, miradas u otras formas  de expresión corporal, "llegan a ofrecer tanta o más información que  la manifestada sólo por palabras". De ahí que recomiende, con la  previa autorización de los solicitantes, la grabación audiovisual de  estas entrevistas y la entrega de una copia de las mismas a las  familias. 
"Desde nuestro punto de vista consideramos positivo el hecho de  que se documente con elementos videográficos el expediente de  valoración de idoneidad, lo cual no obsta para que resaltemos que en  dicho proceso habrán de garantizarse la integridad de los derechos a  la propia imagen e intimidad personal de las personas afectadas,  recabando los consentimientos necesarios y adoptando las medidas  previstas en la legislación para el tratamiento y almacenaje de los  documentos personales obtenidos", señala en su resolución.