Celeridad y transparencia
De nuevo vuelve al ojo de la actualidad informativa la actividad supuestamente delictiva de UGT Andalucía a cuenta de los cursos de formación subvencionados por la Junta, ahora en el marco de la segunda fase de la operación “Cirene” de la Guardia Civil, que se ha saldado con dieciséis personas detenidas. Entre ellas, un empresario jiennense que ya ha quedado en libertad con cargos después de declarar ante el juez de Sevilla que dirige la investigación.
Como no podía ser de otra forma, el asunto ha sido tema candente en el congreso del sindicato celebrado en la capital jiennense, en el que se ha aclarado que se trata de una delegación, por lo que no cuenta con personalidad jurídica propia para solicitar ni justificar en modo alguno cursos de cualquier tipo. La Junta de Andalucía ha anunciado que se personará en la causa “en defensa de los intereses públicos” y desde la secretaría general, Cándido Méndez ha mostrado su “perplejidad” por el hecho de que la Benemérita difunda una operación que forma parte de un procedimiento sometido a secreto de sumario.
Parece obvio y prioritario que el caso se resuelva con la máxima celeridad para no caer en la descalificación generalizada y fácil, de manera que asuman sus responsabilidades cuanto antes quienes realmente la tengan, si es que la tienen, algo que se debe dirimir en el desarrollo del proceso judicial abierto.
Lo primero y principal es que no se ponga en tela de juicio toda la labor de un sindicato, ni mucho menos, del movimiento sindical en general. E insistir en que la trama que se investiga es solo una parte de un todo sobre la que, desde luego, la Justicia tendrá en su día la última palabra.