CEA duda del uso del decreto ley en la reordenación de Junta

Asimismo, demanda el establecimiento de un listado de las agencias  empresariales que tengan capacidad para concurrir en el mercado y  ejercer una competencia con los prestadores privados (empresas) de  servicios.

En su comparecencia en comisión parlamentaria, Moya, quien se ha  quejado del escaso tiempo para analizar este decreto ley, ya que "es  muy complejo y ha sido el que más trabajo nos ha costado analizar",  ha considerado que la figura del decreto ley "debe ser un recurso  excepcional y no una norma general".

A su juicio, "tanto recurrir al decreto ley supone un elemento que  distorsiona y quiebra una práctica muy consolidada y extendida en  Andalucía como era el proyecto de ley, de forma que el consenso que  introducía esa tramitación hoy se ha modificado por un procedimiento  donde una norma se aprueba y posteriormente se convalida en el  Parlamento, sin que el sector afectado pueda conocerlo en detalle". 

Por ello, ha expresado sus "dudas razonables" sobre la  conveniencia y oportunidad del procedimiento de urgencia empleado y  su tramitación como decreto ley", toda vez que este debate "no ha  surgido de forma espontánea y era una demanda muy consolidada", tras  lo que  recordó que ya en 2008 se creó un grupo de trabajo para  abordar la agilización de la administración autonómica y agregó que  el VII Acuerdo de Concertación Social se incluyen apartados sobre  modernización de la administración pública. "Con estos antecedentes,  no se trata de un hecho sobrevenido", ha agregado. 

Asimismo, ha lamentado que en el documento "no nos consta ninguna  memoria económica ni del impacto de un proyecto de ley de esta  importancia y queremos conocer el alcance económico de la norma y el   ahorro de gasto público que supone esta reordenación para evaluar su  impacto".

Moya ha lamentado el hecho de que "pese a que era de interés  contar con el mayor diálogo, sólo ha habido éste con UGT y CCOO, algo  muy difícil de entender, toda vez que la CEA es una de las tres  partes de la Concertación, pero no ha tenido conocimiento de esta  reforma salvo de forma somera, con los anuncios públicos de  intenciones y ahora con esta tramitación".

"En un tema de importancia como es la reordenación del sector  público, era necesario un diálogo precio y nuestra aportación, así  como que se visualizara con claridad el impacto laboral y económico  que se consigue con esta medida", ha agregado.

En su intervención, Moya ha expresado asimismo algunas  preocupaciones e inquietudes que genera el decreto ley de  reordenación entre los empresarios, "derivadas de la acción expansiva  de la actividad empresarial del sector público", de forma que ha  demandado una relación "concreta" de aquellas agencias públicas que  tengan "capacidad de concurrir en el mercado y supongan competencia  para las empresas prestadoras de servicios".

"Es tal la multiplicidad de normas, agencias y tipologías que   sería de interés que comunicaran una relación concreta y precisa que  refleje cuáles organismos y agencias van a operar y pueden concurrir  en el mercado, algo que actualmente no se aclara en la norma y que  nos proporcionaría certeza económica y claridad jurídica", ha  aseverado.

Asimismo, ha demandado que "si la reestructuración del sector  público se va a acometer bajo los principios de eficacia y eficiencia  económicas, reducción de costes, mejora de la productividad y bajo el  principio de la descentralización", a su juicio, dicha  reestructuración se debería aprovechar "para objetivos más  ambiciosos, como potenciar la coordinación entre distintos  departamentos de la Junta en materias como el régimen sancionador,  entre otros".

CAMARAS AGRARIAS

Moya ha lamentado que dentro de esta reordenación "no se haya  tenido diálogo ni consenso previo en decisiones como la supresión de  las cámaras agrarias, algo que debería haber sido consultado con las  organizaciones empresariales y debería haber sido objeto de  negociación con éstas".

Ha criticado asimismo que determinadas agencias, como la Agencia  de Servicios Sociales o la Agencia Andaluza de Instituciones  Culturales "estén adscrita a más de una Consejería, y no a una sola,  lo cual puede generar disfunciones y evitar cumplir con el criterio  general de simplificación, lo cual es una paradoja".

Asimismo, expresó su temor por que la integración de Egmasa y la  Agencia Andaluza del Agua haga retrasar las tramitaciones de  expedientes y ha demandando el establecimiento de procedimientos "más  ágiles y sencillos".