Caso Malaya. Pedro Román dice que los beneficios dependían del mercado

La hija del ex edil, por su parte, se ha  desvinculado de esta operación y del resto de los negocios de su  padre.  La vista oral por el caso contra la presunta trama de corrupción  en el Ayuntamiento marbellí se retomó el lunes con las declaraciones  de los acusados sobre la operación Crucero Banús, comenzando, en  concreto, por el interrogatorio del letrado Juan Hoffman, al que le  ha seguido el de Román y el de su hija. Las sesiones se retomarán el  próximo lunes día 20, previsiblemente con la declaración del ex  comisario Florencio San Agapito, también acusado.  El fiscal sostiene que Román "se concertó" con Roca, San Agapito y  Hoffman "para adquirir una determinada parcela sobre la que se  conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, con  objeto de revenderla, garantizándose un beneficio económico muy  superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El precio de  la operación fue de 4,3 millones de euros y el perjuicio para las  arcas municipales de casi cinco millones, mientras que los acusados  lograron un beneficio de más de seis millones.
Román, que fue concejal de 1991 a 1998, ha explicado en la sesión  que tanto los beneficios como los perjuicios de esta operación, que  tuvo lugar en septiembre de 2001, dependían "de una palabra que está  muy de moda ahora, que se llama mercado y de cómo estuviera en ese  momento para ganar mucho, ganar poco o perder dinero", negando una  influencia de Roca, en ese momento responsable de la sociedad  Planeamientos 2000, en la viabilidad del negocio en cuanto a la  obtención de la licencia. "Ya estaba pactado a través de un convenio y ya existían unos  metros, una cantidad impuesta por el señor alcalde Jesús Gil que  había que pagar que era 240 millones de pesetas, no dependía los  beneficios o supuestos perjuicios de futuro ni del señor Roca, ni de  nadie", ha asegurado a preguntas del letrado de la Junta de  Andalucía, personada como acusación popular.
Así, ha vuelto a explicar que cuando Roca le dijo que ya tenía un  inversor después de que él se lo propusiera "no sabía quién era  exactamente" y ha señalado que supo luego que era Roca, "pero tampoco  le presté mayor importancia", negando que hubiera un conflicto de  intereses. A preguntas de la letrada del presunto cerebro, ha  apuntado que cuando habló con éste sobre los parámetros "nunca" le  aseguró que iban a obtener la licencia ni hablaron de ella.  Ha insistido en que lo "único" que hizo en la citada operación "es  formar el grupo inversor y desentenderme de la tramitación  posterior", agregando que "no tuve contacto con nadie al respecto".  Sobre el reparto de los beneficios, ha dicho que se hace una  distribución en Suiza en función del porcentaje de inversión, pero ha  precisado que la hacía "el administrador de la sociedad". "Era una  fórmula matemática", ha aseverado.
El acusado, que se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel  por delitos contra la hacienda pública y un delito de blanqueo, con  una multa de 14,6 millones, ha reiterado que no tuvo participación en  el convenio y que éste estaba negociado. "Si a mí me dicen que eso  estaba negociado y que había que pagar 240 millones de pesetas y que  de momento había que pagar 40, pues no me preocupé de más,  simplemente que al hacer la traslación estuviera firmado el  convenio", ha dicho.  Preguntado por el empresario acusado José Avila Rojas, ha afirmado  que lo que se le vendió fue "el solar con los derechos y obligaciones  que tenía el mismo, es decir, el solar con el convenio que se había  pagado 40 millones de los 240", recordando que "creo que la licencia  no estaba concedida cuando se lo vendimos". No obstante, ha hecho  hincapié en que no negoció con el promotor, al que se le vendió el 90  por ciento de las participaciones de la sociedad y no el cien por cien.
Acerca del letrado de Hoffman, ha asegurado que la promoción  Crucero Banús "era un desastre" y que "la realidad actual" es que  "está en el mismo solar que estaba antes, que está paralizada la obra  y paralizadas las expectativas". Al termino del interrogatorio de esa  defensa, Román le ha dado las gracias "por haberme aclarado y por el  énfasis que ha puesto, que pensé que venía del otro lado". También  recordó que de su voto y del de los otros diputados del GIL en  Diputación "dependía que las cosas salieran adelante".
Por otro lado, se ha vuelto a desvincular de inversiones en varias  sociedades y ha afirmado que "siempre" ha sido "asesor de las  empresas familiares", aunque "las decisiones finales las toma el  administrador de la sociedad". Por tanto, ha insistido en la idea que  ya expuso ayer de que personalmente no hacía las inversiones y en que  el dinero que procedía de Suiza "ha sido con todos los sacramentos  legales".
Su hija, Pilar Román, tercera acusada en declarar en el juicio, ha  insistido en que no ha intervenido en los negocios de su padre "en  ningún extremo" y ha precisado que si firmó algo es porque se lo ha  dado su padre. "Si me ha dado mi padre a firmar algún papel, lo he  firmado, pero yo no he dispuesto nada", ha matizado, insistiendo en  que ella firma "lo que me dice mi padre".
"Yo no cuestiono a mi padre", ha sentenciado la acusada, para la  que el fiscal solicita tres años de cárcel y una multa de 1,6  millones de euros por un delito de blanqueo de capitales. Además, ha  apuntado que ha sabido "con posterioridad" que es beneficiaria de una  fundación, aunque "nadie" le consultó sobre ello. "A mí no se me  consultaban las cosas, ahora un poquito más, pero antes no", ha  precisado.
Cuestionada sobre si recuerda haber establecido un pacto de  fiducia con otros socios acerca de una de las sociedades, ha señalado  que "en absoluto", agregando que no ha mantenido "ninguna" reunión  con el letrado Hoffman en relación con una de esas entidades. También  ha precisado que no ha ejercido como letrada, aunque es licenciada en  Derecho, y que actualmente es ama de casa.