Casi cuarenta jiennenses piden al día un abogado de oficio
Un abogado de oficio es una persona con la que uno preferiría no haberse cruzado. Si es así, lo más probable es que se tenga un serio problema, que esté detenido y que no tenga dinero para un letrado particular. Es lo que le ocurrió el año pasado a más de 12.700 jiennenses, que solicitaron un letrado gratis al no tener medios económicos suficientes como para tener uno de pago. La crisis económica y el impacto de las tasas judiciales ha originado un notable incremento de los usuarios de la Justicia Gratuita en los juzgados y tribunales. Ejercicio tras ejercicio, aumenta la demanda social a una institución tan necesaria como maltratada por los recortes. Nunca había habido tantas peticiones de jiennenses que reclamaron un profesional de la toga para que los represente y los defienda en un juicio.
El decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, lo ha repetido como un mantra cada vez que se le ha preguntado. “Son los efectos de la crisis, que castiga especialmente la provincia, pero, sobre todo, de las tasas judiciales”. Este gravamen, aprobado en octubre de 2012 por el Gobierno a instancias del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, suponía el pago de determinadas cantidades por el hecho de iniciar un procedimiento judicial. Debido a la presión ejercida por agentes políticos jurídicos y sociales, el Ejecutivo las eliminó, aunque de forma parcial. De todos modos, es ahora cuando se están notando sus efectos perjudiciales en un servicio que ya estaba saturado.
Sin embargo, el principal problema tiene más que ver con lo económico. La Justicia Gratuita es gratis para el justiciable, pero debe pagarla la Administración. Es quien paga los emolumentos del abogado del turno de oficio. Sin embargo, los más de 450 letrados que forman parte de este servicio en la provincia se quejan de que la Junta les paga poco, mal y tarde. Son muchos los que decidieron abandonar las listas del turno de oficio por la precariedad y la cicatería con la que paga la Administración. A estas alturas del año hay letrados que han realizado decenas de asistencias y que solo han cobrado el primer trimestre. Dentro de lo malo, la situación es mucho mejor que hace un año, cuando los retrasos acumulados superaban los quince meses. Además, se quejan de que lo que se cobra está muy lejos de las tarifas del Colegio para los particulares. La Junta paga con 126 euros un día de guardia, en el que el abogado correspondiente puede asistir a varios arrestados. Un abogado particular puede cobrar más del doble. Las tarifas fijadas por la administración no recogen gastos que tienen que pagarse los abogados como las copias de los autos, los desplazamientos para revisar los expedientes judiciales, los traslados a centros penitenciarios, las comunicaciones con el cliente o los “extras” cuando se produce el aplazamiento del juicio.
Al decano del Colegio, Vicente Oya, siempre le gusta recordar que el abogado del turno de oficio es un profesional altamente cualificado, que debe pasar por acciones formativas de gran nivel y exigencia. “Es una figura importantísima en nuestra sociedad, como garante de los derechos y responsable de la defensa de la población independientemente de su nivel económico o cultural, por lo tanto, garante también de que la población acceda a la Justicia en igualdad de condiciones”, expuso durante la presentación del Día de la Justicia Gratuita, celebrado hace unos meses.