Carcaño pide que se rebaje su condena de 20 a 12 años

Así, la letrada de Carcaño, Paloma Pérez Sendino, ha informado a  Europa Press de que fue el pasado día 7 de marzo cuando formalizó el  recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra  la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia  Provincial de Sevilla. 
En este sentido, ha explicado que, "siguiendo expresos deseos" de  su defendido, se ha solicitado en el recurso que los hechos sean   constitutivos de un homicidio simple y que la pena a imponer sea la  de 12 años y medio de prisión, frente a la condena de tres años que  la abogada pidió en el juicio por un delito de homicidio por  imprudencia. 
De igual modo, Pérez Sendino ha explicado que, en el recurso,  solicita que se mantenga la libre absolución de su patrocinado por  los delitos anteriores que estaba acusado, como son de violación,  profanación de cadáveres y contra la integridad moral. 
Hay que recordar que tanto la Fiscalía como la acusación  particular que ejercen los padres de Marta elevaron ya sus  respectivos recursos ante el Supremo y solicitaron la condena del  resto de acusados así como la repetición del juicio, ya que, en el  caso del Ministerio Público, considera que se trata de un fallo  "inadmisible desde los parámetros de la lógica" y que contiene  afirmaciones de hechos "imposibles".
En el recurso elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al  que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público plantea  cinco motivos de casación y reclama que "se acuerde la nulidad de la  sentencia y la celebración de un nuevo juicio con una Sala que tenga  una nueva composición", ya que considera que "la respuesta en derecho  que ofrece a nuestras pretensiones tiene el carácter de gravemente  errónea y arbitraria, dicho sea con todo respeto al esforzado trabajo  realizado" por la Sección Séptima.
El recurso de la Fiscalía, de 27 páginas de extensión, alega como  motivos de casación la infracción de precepto constitucional en  relación con los principios de seguridad jurídica y del derecho a la  tutela judicial efectiva, así como la infracción de ley en relación a  la indemnización de 616.000 euros por las sucesivas búsquedas del  cuerpo de la joven y al hecho de que la Audiencia Provincial no haya  apreciado el delito contra la integridad moral. Más información, mañana, en la edición impresa