Campaña para garantizar los servicios sociales públicos
El próximo 1 de enero, entra en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El Colegio de Trabajo Social de Jaén considera que la nueva norma supondrá “una grave amenaza para los servicios sociales en los municipios de todo el Estado”. ¿Por qué? Se pierde la obligatoriedad, que hasta el momento tienen los ayuntamientos, de mantener la competencia en el ámbito de los servicios sociales, dejando la capacidad en manos de la intervención. Por ello, los trabajadores sociales han comenzado una campaña de adhesiones para urgir a todas las fuerzas políticas a garantizar el sistema público de servicios sociales en Andalucía: “Queremos instar a las diferentes administraciones, formaciones políticas a que muestren su compromiso”, sostiene el colectivo, en un comunicado.
Entre los objetivos del informe, que se ha presentado en toda Andalucía, figura una propuesta para modificar la Constitución Española. Se pretende que los servicios sociales estén presentes en el título primero de la Carta Magna, como derecho fundamental y con pleno reconocimiento, como ocurre con la sanidad o la educación.
El Consejo Oficial de Trabajo Social expone que, transcurridos más de 30 años desde que fue implantando el sistema público de servicios sociales en España, “es más que necesario, es urgente, garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar: el sistema público de ayuda a los que más lo precisan.
Junto a la modificación de la Constitución, y dentro del campo de los compromisos normativos, los trabajadores sociales solicitan, igualmente, “la aprobación del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía”: “La actual normativa de la comunidad data de 1988 y precisa de una exhaustiva revisión”, añade.
Los responsables de esta organismo aprovecharon la comparecencia para poner de manifiesto una dura y adversa realidad social. Los últimos informes son muy negativos. Cabe destacar los datos que sobre Andalucía publica Eurostat, basados en diversos indicadores: cerca del 40 por ciento de la población andaluza está en riesgo de pobreza y exclusión social, unos 3,5 millones de personas. En el caso de los menores, esa tasa es aún más elevada y alcanza el 45,3 por ciento. Por otra parte, el último Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) alerta sobre el “acusado proceso de deterioro” de los servicios sociales, que en Andalucía se encuentran en el último nivel de desarrollo, categoría que se denomina “irrelevante”. También hay que destacar que, según el informe FOESSA (2014), en los últimos años la fractura social en España ha crecido un 45 por ciento, extendiéndose a amplios sectores de la población e incrementando la incidencia en algunos de los sectores más vulnerables.
Para combatir esta situación, los trabajadores sociales plantean una serie de compromisos a los distintos partidos políticos con el objetivo de garantizar y fortalecer la estructura del sistema también se encuentran la inclusión explícita de la atención a la dependencia en el sistema público de servicios sociales, la aprobación de un mapa de servicios sociales en Andalucía y la consecución de una financiación estable y suficiente. Es, por todo ello, que solicitamos el cumplimiento de estos compromisos para hacer real y compatible el Estado del bienestar social con el contexto socioeconómico y político vigente, asegurando la igualdad de derechos y oportunidades.