Cae una red que fingía la muerte de caballos para cobrar seguros
Uno de los detenidos en la operación “Picar1” de la Guardia Civil es el supuesto autor del atropello intencionado de un animal. Según las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), con esta cruel acción, se pretendía fingir la muerte de un caballo de más valor, un pura raza española. ¿Por qué? Para cobrar el seguro. Pero no es tan fácil, para que se certifique el fallecimiento de un equino tiene que acreditarlo un profesional, en este caso, un veterinario autorizado, además, los ejemplares están identificados con un chip, un pequeño circuito que es el equivalente al documento de identidad de las personas. Lo que la Benemérita descubrió fue precisamente cómo un animal se hacía pasar por otro y quiénes colaboraban en esta trama. El origen de las investigaciones, que comenzaron por el aviso de una compañía aseguradora, está en dos picaderos, uno en Baeza y otro en Begíjar. Los responsables de estas explotaciones, supuestamente, obraban de manera coordinada para dar parte de accidentes de cuadrúpedos que, en todos los casos, requerían su inmediato sacrificio.
El trabajo, en el que se implicó todo el Seprona y que permitió desenmascarar esta red, comenzó hace un año. La semana pasada, arrojó por fin sus frutos. Los caballos que habían tenido la fatalidad de quebrarse una pierna o haber sufrido cualquier otro mal golpe, todos incompatibles con su vida, no eran precisamente pencos, sino los mejores de cada cuadra. Este tipo de animales tienen un precio mínimo que ronda los 10.000 euros, pero la doma recibida, el cuidado prestado y otros tratamientos pueden elevar bastante más su valor, hasta alcanzar los 80.000 o más. Hay quien se dedica a hacer negocio con ellos, más allá de la monta, de ahí que las pólizas que cubren su muerte o los accidentes graves sean elevadas. En el transcurso de las investigaciones, se pudo comprobar que los accidentes no habían ocurrido, sino que se trataba de tretas con el fin de poder solicitar de las compañías aseguradoras, indemnizaciones por valor muy superior a los que realmente tenían los caballos sacrificados.
Los detenidos, ante la sospecha de ser descubiertos por la reiteración de la estafa y para eludir el vínculo de ser propietarios de varios animales que sufrían accidentes, pusieron su propiedad a nombre de personas de su familia o confianza. Una vez que la Benemérita comprobó la praxis de los veterinarios supuestamente implicados, descubrió la ausencia de fichas clínicas, donde consten los informes profesionales, documentos que debían indicar las lesiones por ellos observadas y los medios técnicos empleados para detectar las mismas, así como las actividades de comprobación de otra medida, para curar las lesiones de los animales, antes de matarlos. Estos, además, extendían los certificados de valoración de los equinos sacrificados, muy por encima del valor de mercado, con tasaciones de hasta 24.000 euros; de ahí que la cantidad total supuestamente estafada ronde los 400.000 euros. Los animales supuestamente muertos están siendo localizados por la Guardia Civil, en buen estado, algunos, en provincias como Sevilla, y otros que no se habían movido del establo. Hay cuatro detenidos, responsables de picaderos y veterinarios, y seis imputados entre Jaén, Begíjar, Baeza, Cazorla y Navas de San Juan.
El trabajo, en el que se implicó todo el Seprona y que permitió desenmascarar esta red, comenzó hace un año. La semana pasada, arrojó por fin sus frutos. Los caballos que habían tenido la fatalidad de quebrarse una pierna o haber sufrido cualquier otro mal golpe, todos incompatibles con su vida, no eran precisamente pencos, sino los mejores de cada cuadra. Este tipo de animales tienen un precio mínimo que ronda los 10.000 euros, pero la doma recibida, el cuidado prestado y otros tratamientos pueden elevar bastante más su valor, hasta alcanzar los 80.000 o más. Hay quien se dedica a hacer negocio con ellos, más allá de la monta, de ahí que las pólizas que cubren su muerte o los accidentes graves sean elevadas. En el transcurso de las investigaciones, se pudo comprobar que los accidentes no habían ocurrido, sino que se trataba de tretas con el fin de poder solicitar de las compañías aseguradoras, indemnizaciones por valor muy superior a los que realmente tenían los caballos sacrificados.
Los detenidos, ante la sospecha de ser descubiertos por la reiteración de la estafa y para eludir el vínculo de ser propietarios de varios animales que sufrían accidentes, pusieron su propiedad a nombre de personas de su familia o confianza. Una vez que la Benemérita comprobó la praxis de los veterinarios supuestamente implicados, descubrió la ausencia de fichas clínicas, donde consten los informes profesionales, documentos que debían indicar las lesiones por ellos observadas y los medios técnicos empleados para detectar las mismas, así como las actividades de comprobación de otra medida, para curar las lesiones de los animales, antes de matarlos. Estos, además, extendían los certificados de valoración de los equinos sacrificados, muy por encima del valor de mercado, con tasaciones de hasta 24.000 euros; de ahí que la cantidad total supuestamente estafada ronde los 400.000 euros. Los animales supuestamente muertos están siendo localizados por la Guardia Civil, en buen estado, algunos, en provincias como Sevilla, y otros que no se habían movido del establo. Hay cuatro detenidos, responsables de picaderos y veterinarios, y seis imputados entre Jaén, Begíjar, Baeza, Cazorla y Navas de San Juan.
