Cabrera, imputado por falsear documentos
El propietario de la concesionaria de la dependencia en la capital, Rafael Cabrera, compareció, el jueves, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén, acusado de un supuesto delito de falsedad documental. Según fuentes cercanas al caso, el constructor y dueño de Multiservicios Jabalcuz habría manipulado, presuntamente, la indemnización de dos extrabajadoras con las que mantiene pleitos judiciales desde hace un par de años.
El propietario de la concesionaria de la dependencia en la capital, Rafael Cabrera, compareció, el jueves, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén, acusado de un supuesto delito de falsedad documental. Según fuentes cercanas al caso, el constructor y dueño de Multiservicios Jabalcuz habría manipulado, presuntamente, la indemnización de dos extrabajadoras con las que mantiene pleitos judiciales desde hace un par de años.
Se trata de dos antiguas empleadas de la anterior concesionaria del servicio, Macrosad, a las que el empresario despidió cuando se hizo cargo de la prestación por la vía de urgencia, en abril de 2012. Ambas denunciaron la improcedencia del despido y ganaron el juicio, con la obligación de la empresa a readmitirlas. Pero, según las mismas fuentes, no las reincorporó correctamente en sus puestos de trabajo, ni cuando el Supremo ratificó el fallo.
Finalmente, alcanzaron un acuerdo con el empresario por el que este les abonaría la indemnización pertinente en diferentes plazos. En el caso de una de ellas, los pagos debían ser de 2.500 euros en 18 mensualidades hasta alcanzar los 45.000 euros en los que se había pactado la compensación.
El objetivo de este fraccionamiento fue que el dueño de la concesionaria tuviera liquidez, dadas las dificultades a las que está sometida la empresa por los impagos municipales. Pero solo cumplió el acuerdo los tres primeros meses. Julio y agosto del año pasado los saldó con cheques y septiembre, en metálico. En octubre dejó de pagar y, en noviembre, se le reclamó la totalidad de la indemnización que quedaba pendiente. Entonces fue cuando las trabajadoras descubrieron que, en los finiquitos, aparecían cantidades supuestamente inferiores a las que ellas habían firmado. Se había añadido, presuntamente, más texto a los documentos y, en algunas partes, la tinta es diferente, aseguraron las mismas fuentes judiciales, que indicaron que un perito calígrafo de la Policía Nacional los está analizando. Cabrera negó haber declarado en los juzgados y estar encausado.