Bomberos recurren a los tribunales para que el Ayuntamiento les pague

“Hemos intentado llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, pero no se ha alcanzado y el 18 de febrero interpusimos las denuncias individuales”, explica Cristóbal Chica Montoro. Desde entonces, el equipo de Gobierno local ha tenido tres meses para pronunciarse. Y, dado que no lo ha hecho, su silencio administrativo llevó, el lunes, día 19, al 71% de los agentes que integran la plantilla a reforzar sus pasos por la senda judicial. “Ahora, lo hemos hecho los 51 que no estamos afiliados a ningún sindicato, pero el resto también va a judicializar la deuda”, asegura este bombero, que subraya que el dinero que le están reclamando al Ayuntamiento responde a un déficit reconocido hasta el 7 de octubre.
Desde que el grupo municipal del PP aprobó, en el pleno de septiembre, la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que afecta a Policía Local y Bomberos, el Ayuntamiento “está cumpliendo” el acuerdo y “está pagando”, valora Chica Montoro. Pero la deuda, a la que, en el caso de la Policía, se le ponía fin, no ha dejado de crecer para estos especialistas en la prevención y la extinción de fuegos. El problema de fondo, como ha quedado en evidencia en más de una ocasión a lo largo de los últimos años, con amenazas de huelga y duros enfrentamientos con el equipo de Gobierno local, es la escasez de efectivos que acusa el Parque de Bomberos.
Su radio de influencia cubre 25 municipios, incluida la capital, y  debe atender a una población global de unos 220.000 habitantes. Pero, desde el anterior mandato, no se cubren las bajas que se producen por jubilación. De los 92 agentes que había allá por 2007, en la actualidad solo quedan 70, y ajustar los turnos es un suplicio.
Las horas extraordinarias se han convertido en el pan nuestro de cada día. “Echamos unas veintitantas horas más al mes de las que deberíamos”, señala Chica Montoro. El notable déficit de personal las hace fundamentales para atender las instalaciones y responder ante cualquier suceso que se produzca. Como consecuencia, entre horas extras, noches y salidas a la provincia que “tampoco se pagan”, desde el 7 de octubre hasta ahora, ese déficit que, entonces, rondaba los 30.000 euros por bombero se ha incrementado “entre 5.000 y 6.000 euros más”, agravando una situación de por sí insostenible para un trabajador.
Aunque uno de los argumentos que el equipo de Gobierno esgrimió para justificar la necesidad de la modificación parcial de la RPT fue que esta pondría fin a las horas extraordinarias, Chica Montoro critica: “Nos están obligando a echar horas extraordinarias que no deberíamos hacer y —apunta—, si la situación continúa así, estudiaríamos denunciarlo también”.