Basta de cafetitos, periódicos y bajas por enfermedad

Los días 18 y 19 de abril recibí en mi Servicio a dos alumnas de Derecho, una de nacionalidad italiana con beca Erasmus. Antes de empezar con los procedimientos administrativos que gestionamos, les pregunté qué pensaban hacer cuando terminaran los estudios y Roberta, la italiana, me contestó que le gustaría opositar a la Administración española, porque la veía mucho más seria y organizada que la de su país. Me quedé pensando qué responderle y después de recordarle que las ofertas de empleo público llevan años congeladas, llamé a mi compañera Ana, del Cuerpo General Auxiliar, y delante de ellas le pregunté: ¿Ana, cuánto ganas al mes? ¡Mil seis euros, después de veinte años de servicio, de los que dos años y medio estuve destinada en Sevilla y luego otros cinco en Córdoba, hasta que finalmente me vine trasladada a Jaén! Roberta no daba crédito a lo que oía pues pensaba, como la mayoría de los ciudadanos, que los funcionarios estábamos mejor retribuidos y también le preguntó: ¿Solo con el sueldo y sin trienios podías vivir fuera de tu casa? ¡Lo pasé regular, porque entre alquiler de vivienda, manutención y viajes, malvivía y si no es por la ayuda de mi familia nunca hubiera llegado a final de mes!, respondió mi compañera.
Esta es la percepción que la sociedad española tiene de los funcionarios, cuando cree que los servidores públicos somos unos enchufados bien pagados con sus impuestos para no hacer nada productivo. Pero esa equivocada imagen no es la que comprueban cuando son receptores directos del trabajo de estos empleados en el hospital, en el colegio de sus hijos, cuando los bomberos salvan sus vidas y enseres, o cuando acceden a cualquier oficina para arreglar papeles. ¿Entonces por qué esa mala fama? Tendríamos que mirar a los políticos de turno, esos que nos ignoran cuando la economía va bien y nos demonizan cuando no le salen las cuentas, salvo las de sus bolsillos. Cuando el ministro de Hacienda comunica a la prensa que los funcionarios tienen que ganarse el puesto, está dando a entender que somos unos enchufados y no trabajadores que hemos accedido a la Administración tras superar unas duras oposiciones libres y públicas, respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Los mamones que engordan del erario público son los que ellos cuelan por recomendación, parentesco, amistad y afinidad política, que nada tienen que ver con los funcionarios y que son los que ganan sueldos vergonzosos en la situación de crisis actual y, además, los que nunca hacen nada, y mejor que sea así, porque cuando alguno de estos chupones tiene alguna iniciativa, ya vemos las consecuencias para el país. Solo hemos de ojear el BOE para comprobar cuántos cónyuges, cuñados, hijos y demás parentela y amigos están en la cúpula del poder. Cuando el secretario de Estado de Administraciones Públicas manifiesta que se van a terminar los cafetitos y los periódicos de los funcionarios, los ciudadanos entienden que nos pasamos el día en la cafetería y en el bar, en lugar de estar atendiendo nuestras obligaciones. Sin embargo, solo hacemos uso de la pausa de media hora que legalmente nos pertenece para desayunar, lo mismo que los albañiles en la obra o los jornaleros del campo en el tajo. La bajada de sueldo de 2010, las congelaciones salariales de 2011 y 2012 y la subida del IRPF en nuestra pírrica nómina dejan poco margen para que podamos desayunar en la cafetería, hasta el punto de que mi compañera Ana y otros muchos más ya se traen el termo y el bocadillo a la oficina, porque sus emolumentos no dan para estos lujos, lo que, finalmente, va en perjuicio de los pocos negocios que aún hoy se mantienen en nuestra ciudad, ya que las cafeterías y bares viven de los ricos y de lo poco que gastan los funcionarios y pensionistas, pues el resto de sus antiguos clientes dejaron de serlo hace tiempo, cuando ingresaron en las listas del paro. El último ataque a nuestra dignidad lo han protagonizado la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Economía, cuando anuncian a bombo y platillo que los funcionarios que enfermen van a cobrar menos salario. Resulta que el sistema de retribuciones para los empleados públicos en situación de I. T. se encuentra regulado desde la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 y ahora, al cabo de cincuenta años, quieren que los ciudadanos piensen que somos unos “malade imaginaire”, como Moliere tituló en su novela al enfermo imaginario, que nos apoderamos de la paga sin trabajar. Podrían haber modificado la normativa en el BOE sin más, pero entonces no habrían conseguido humillarnos nuevamente ante la sociedad y criminalizarnos como máximos responsables de la crisis económica de España. ¿Si fuera cierto el absentismo por enfermedades imaginarias, por qué no pedir responsabilidad a los médicos que firman las bajas? Sencillamente porque es mentira y porque salpicando su mierda a los inocentes de siempre quieren limpiar sus culpas. Son ellos, los políticos, los culpables de la angustia en la que nos encontramos y, sin embargo, vemos que siguen cobrando cientos de miles de euros por los variopintos cargos que se endosan y cómo, además, colocan a los suyos en la Administración, sin ser funcionarios, para que también nos chupen la sangre a los sufridores que, viernes tras viernes, tenemos que apretarnos un nuevo agujero del cinturón. Los funcionarios, por mandato constitucional, somos los encargados de ejecutar la política del Gobierno conforme a las leyes que aprueban en el Parlamento. ¿Entonces de qué nos culpan, si nos limitamos a trabajar siguiendo sus instrucciones, más que nos pese en muchas ocasiones? ¿Qué trabajador, haciendo lo que manda su jefe, puede consentir que luego lo critique y le eche la culpa de los malos resultados de la empresa? ¿No lo denunciaría por acoso laboral? Pues nosotros, los funcionarios, llevamos años y años soportando el acoso de los gobiernos que van sucediéndose y, encima, estigmatizados socialmente. Eso sí, los únicos resultados positivos de esta empresa llamada Administración son los suculentos beneficios que obtienen sus directivos, esos que libre y democráticamente elegimos cada cuatro años.