Bailenenses ven 'irregularidades' en el tercer precinto de un chalé

Ni pancartas, ni voces de protesta, ni vecinos clavados a la entrada del chalé, ni la marabunta mediática del martes. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil precintó, ayer por la mañana, la tercera vivienda “ilegal” de las tantas que se levantan en el Charco de la Gallina, de Bailén, entre la quietud más absoluta. Pero que todo transcurriera con “normalidad” no significa que se hayan acallado los reproches, ni mitigado el descontento y el inconformismo entre los vecinos de la zona. En el caso concreto de ayer, la asociación del Charco de la Gallina ve “irregularidades” por la forma en la que se produjo el precintado, ya que —critica la secretaria del colectivo vecinal, María Teresa Márquez—: “Se le notificó al dueño con veintidós horas de antelación y no con las cuarenta y ocho que marca la ley”. “Así que existe una irregularidad en el auto de ejecución”, sentencia Márquez, anunciando después que las medidas legales que se tomen se realizarán de forma “conjunta” entre los vecinos afectados.


Precintados tres chalés en Bailén por delitos contra el territorio 13/07/11
Nuria López Priego /Bailén
No fue a la tercera. La 'vencida' llegó a la quinta. Con una notificación judicial por escrito, la Guardia Civil ejecutó, el martes, el precintado de dos viviendas en el Charco de la Gallina, de Bailén, y hoy, el de una tercera. Lo hizo entre las protestas de los vecinos, que denunciaron ser condenados sin que se les juzgara, y también entre aplausos a una 'Justicia' en la que aún confían.
Les advirtieron “verbalmente” en los juzgados que, si concentraban a los vecinos de la zona y se negaban al precintado de las viviendas, se ordenaría el precinto de las fincas enteras, les cortarían por orden judicial el agua y la luz y que, incluso, serían acusados de una falta grave, por desacato, que los podría conducir a la cárcel. También les advirtieron de que no dieran publicidad a la medida. Sin embargo, ninguna amenaza amedrentó al puñado de vecinos que, el martes, a las ocho y media de la mañana, haciendo uso de su “derecho a protestar y a informar pacíficamente” de lo que ocurría, se concentraban en los terrenos privados de las dos viviendas del Charco de la Gallina sobre las que, desde hacía un mes, planeaba la sombra del precintado por supuestos delitos contra la ordenación del territorio.
El de ayer era el quinto intento que realizaba el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, pero, como aclaró la secretaria de la asociación vecinal de la zona, María Teresa Márquez, fue el “único legal”, porque, a diferencia de los anteriores, esta vez, la advertencia se notificó por escrito a los propietarios de las viviendas. “Los demás fueron por teléfono o, directamente, los guardias civiles se presentaron en las viviendas”, indicó.  
El precinto, por tanto, estaba asegurado. No cabía la posibilidad de detenerlos como en ocasiones anteriores. Pero, a pesar de la certeza, los vecinos volvieron a levantar sus pancartas con el “Hemos sido condenados sin ser juzgados” y hasta la Guardia Civil jugó al despiste a la hora de sellar la primera vivienda, que, si bien estaba prevista para las ocho y media de la mañana, se produjo casi media hora después, en Viña Pepa y ante la “impotencia” y la sensación de “desamparo” de los propietarios y de los vecinos, que observaban la situación desde la reja de entrada al chalé. “¿Crees que un hombre de 70 años se merece esto?”, preguntaba retóricamente a los periodistas María Teresa Márquez. La secretaria del colectivo vecinal del Charco de la Gallina denunció que el recurso interpuesto contra estos precintos lleva “treinta y cinco días sobre la mesa de su señoría, sin que lo haya trasladado a la Fiscalía ni a la Audiencia Provincial”. Y se quejaba: “Los recursos son para defender a los ciudadanos y nosotros nos sentimos en estado de indefensión”. “Son medidas cautelares excesivas e injustas”. Mientras tanto, en los corrillos que se formaron, algunos vecinos murmuraban frases como "es un abuso de autoridad" o "aquí hay intereses especulativos”. Y la sensación de ser cabezas de turco los embargaba. “Esto es la primera vez que algo así ocurre en la provincia”, decía otro vecino.
Ni la impotencia, ni las voces de protesta detuvieron el precintado, porque era "legal", pero la portavoz de los vecinos anunció: “Estudiamos medidas contra su señoría, por no haber trasladado el recurso, y también contra el Ayuntamiento, como responsable subsidiario de lo que ha ocurrido”. “La Administración de Bailén ha permitido esto durante años. No puede ser que solo seamos legales para pagar la luz, el agua, la basura y la contribución y que ahora ocurra esto”, se quejó. Hoy está previsto un tercer precinto y no será el único porque hay más de un centenar de expedientes abiertos por el mismo motivo: delitos contra la ordenación. La propia María Teresa Márquez está imputada y sobre su casa pesa una orden de precinto, pero como la suya es una primera residencia, dispone de un plazo de cuatro meses para buscar un piso de alquiler antes de que se la sellen.

Dolidos con el silencio municipal
“El responsable de esto es el Ayuntamiento, pero, ahora, se queda en buena voluntad para ayudarnos, sin hacerlo”, se quejó, ayer, un bailenense del Charco de la Gallina. Los vecinos de la zona saben que la regularización de sus viviendas pasa por la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. “Pero la alcaldesa nos ha dicho que puede prolongarse un año y medio, por lo menos”, dijo María Teresa Márquez.

“Esperamos que la ley nos ampare”
Supuestamente    —según le aseguraron los agentes del Seprona de la Guardia Civil—, en la sentencia existe “un fallo”, pero  María Isabel Romero no deja de mostrar la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Linares que da “por extinguida y prescrita” la infracción que pesaba sobre su vivienda. Un “humilde” chalé de “47 metros cuadrados” —“ningún palacete”, advirtió la madre de la joven— enclavado en el Charco de la Gallina, en cuya puerta, desde ayer, reza un cartel con las palabras “precintado” y “Guardia Civil”.
La construcción de este inmueble se remonta al año 2006. Sin embargo, el procedimiento sancionador, que “aún no se ha resuelto”, se abrió “pasados los dos años” desde su edificación, según explicó María Isabel Romero a los medios, mostrando el fallo del Juzgado linarense por el cual se determina la prescripción del delito contra la ordenación del territorio. “El problema es que, ahora, me dicen que no saben de dónde ha salido esta sentencia y que es un fallo”, lamentó María Isabel, mientras su madre rompía en llanto ante la impotencia de ver cómo sellaban la vivienda. Pese a todo, Romero dijo seguir confiando en la Justicia y esperar que la Ley les ampare.