28 mar 2010 / 09:34 H.
La paulatina asfixia financiera que sufren los ayuntamientos viene de lejos, aunque es ahora cuando la construcción y la recalificación de terrenos no genera ingresos municipales y, por lo tanto, las arcas no tienen liquidez. En un primer eslabón de agraviados se encuentran miles de compañías “enganchadas” a unas instituciones que dilatan los pagos, lo que supone para pequeñas y medianas empresas un descalabro, para algunas, inasumible. Es un círculo vicioso en el que se acaba destruyendo empleo, al no poder recaudar las firmas el dinero de trabajos realizados a las administraciones públicas. Pero la situación se agrava por momentos y ahora también servicios básicos para el correcto funcionamiento de infraestructuras públicas se suspenden por falta de pago. En este sentido, Sevillana o Telefónica, por poner dos ejemplos, han cortado el suministro a las administraciones locales de la provincia por este motivo. La poca liquidez es tan acuciante que también afecta a los sueldos de funcionarios, cuyos impagos se acumulan a la espera de la penúltima gestión que permita atrapar subvenciones económicas para salvar, “in extremis”, la situación. A falta de que el modelo de financiación de los ayuntamientos se revise, como se ha demandado una y mil veces, también es necesario que haya mecanismos eficientes para “fiscalizar” la actividad de alcaldes y equipos de gobiernos que dilapidan el dinero público en obras e iniciativas de dudoso valor y que condicionan el presente y el futuro de sus municipios. No es admisible, como se quejaba en una tribuna en este periódico el presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Jaén, que la pésima gestión económica de los regidores públicos quede impune y que, incluso, los partidos políticos promocionen o den salida laboral a quienes, lejos de hacer progresar a sus pueblos, los hundieron en la miseria económica.