Ayuntamiento de Jamilena iniciará acciones judiciales contra el exalcalde

El pleno del Ayuntamiento de Jamilena (Jaén) ha aprobado iniciar  acciones judiciales contra el exalcalde, José Cazalla (PSOE), y  miembros de la anterior Corporación municipal por su gestión y los  daños que de ella se hayan podido derivar en las arcas municipales,  cuya situación es "crítica", con una deuda estimada de "diez millones  de euros", a falta de una auditoría que precise su verdadero estado. 

    18 sep 2011 / 10:23 H.


    Así lo ha indicado a Europa Press, el primer edil, Crispín  Colmenero (PP), quien ha calificado de "muy grave" el estado del  Consistorio, en el que su partido gobierna junto con el PA desde el  pasado 16 de junio. Desde entonces, según ha lamentado, "el día a día  es un ir conociendo datos que empeoran las cifras ya de por sí malas  así como conocer más acreedores y trabajadores que exigen el pago por  los servicios prestados". 

    "Calculamos que puede haber una deuda de diez millones de euros en  una localidad que cuenta con unos 3.500 habitantes. La verdad es que  no sabemos dónde se ha ido el dinero", ha afirmado. Por ello, en el  pleno extraordinario del pasado mes de julio se acordó por unanimidad  de los tres grupos políticos solicitar al Tribunal de Cuentas y a la  Cámara de Cuentas de Andalucía una auditoría urgente de los  ejercicios 2003-2011 para conocer de forma fehaciente la situación  económico- financiera de la administración local y las "posibles  irregularidades administrativas y de la gestión municipal" en ese  periodo, según las actas de dicha sesión a las que ha tenido acceso  Europa Press. 

    Precisamente, con el fin de "aclarar" esa gestión y dilucidar  posibles responsabilidades, en la misma sesión se acordó --en este  caso por la mayoría de los seis ediles de PP y PA frente a los cinco  del PSOE, que votaron en contra-- la "interposición antes los  tribunales de justicia de acciones judiciales, administrativas y  penales que procediesen contra el exalcalde, tesorero y restantes  miembros de la anterior Corporación por las irregularidades  presupuestarias y de cualquier otra índole en el desarrollo de la  gestión municipal y el uso indebido de fondos públicos destinados a  inversiones finalistas para el pago de gastos corrientes". 

    EJEMPLOS 

    Ejemplo de ello, según ha señalado Colmenero, es la petición de  reintegro de varias subvenciones que suman 300.000 euros para obras  que no se han terminado o se realizaron fuera de plazo, como la  adecuación de la piscina municipal o el alumbrado del campo de fútbol  y en varias calles de Jamilena. En este apartado, ha hecho especial  hincapié en el caso de la nueva guardería, para la que se recibieron  más de 440.000 euros, pero "no se ha puesto ni un ladrillo y ahora  hay que devolverlo" porque, "evidentemente, no están justificados". 

    A este tipo de deudas, se unen las que el Ayuntamiento tiene con  la Seguridad Social (1,3 millones de euros), la Hacienda estatal  (410.979 euros) y la autonómica (casi 90.000 euros) y cuyo impago  hace, además, que "nos retengan cantidades correspondientes a la  participación en los tributos". "Se nos retiene cada mes 40.000 euros  que nos toca por ingresos del Estado y en el caso de los autonómicos,  que son trimestrales, prácticamente todo: En el último trimestre, nos  correspondían 75.000 euros y sólo nos llegaron 9.000", ha declarado. 

    Otra muestra de lo que, en opinión del alcalde, ha sido una  "gestión irresponsable" de su antecesor es la deuda contraída con  entidades financieras por distintas operaciones de tesorería por un  total que supera el millón de euros, así como lo que se debe en  concepto de jornales impagados. Supone, según ha precisado, unos  300.000 euros, de los que 60.000 corresponderían a fondos del antiguo  PER que se ha destinado "a otra cosa" y el resto, a "contratación de  jornales el pasado mes de mayo, antes de las elecciones municipales,  y sin consignación presupuestaria". 

    Con este panorama, los actuales responsables municipales de PP y  PA aprobaron con su mayoría en el pleno tomar medidas judiciales  "para aclarar qué ha sucedido y que se depuren las posibles  responsabilidades que puedan derivarse", según ha concluido  Colmenero, quien ha esperado contar con el apoyo del resto de  administraciones para buscar una salida.