11 oct 2009 / 09:09 H.
La petición de olivareros de Sierra Mágina, Sierra Sur y Sierra de Segura para que la Junta de Andalucía condone la deuda por los préstamos que afrontaron para hacer frente a la caída de producción causada por las severas heladas de 2005 encuentra, por el momento, el rechazo del Gobierno andaluz. El argumento básico que se esgrime por parte de la Administración es que tanto la Consejería de Agricultura como el Ministerio brindaron suficiente ayuda, tanto en forma de subvención directa, como con el sistema de crédito del ICO. Además de que dichos préstamos se establecieron con entidades financieras, con lo que el papel político, en todo caso, sería de mediación. En un sector agrícola como el olivarero, fuertemente subvencionado, pedir un esfuerzo extra público para cubrir el hueco en la producción de un 3% de agricultores se antoja una medida poco sensata y un agravio comparativo con el resto de agricultores y sectores productivos que lo pasan mal en unos momentos difíciles en lo económico. Es cierto que las heladas de 2005 dejaron plantaciones al borde de la ruina absoluta, donde hubo que arrancar árboles en los casos más graves o realizar podas muy severas. Pero el esfuerzo público en ayudas más el trabajo de los olivareros permiten, según cifras de la Junta de Andalucía, que casi un 90% de media de olivares se hayan recuperado. Un argumento, más solido si cabe, para rechazar una medida que, en la actualidad, serviría para paliar la pérdida de una parte de los ingresos que tienen asegurados estos olivareros. Su petición, respaldada por varias organizaciones agrarias y el Partido Popular, tiene mucho de oportunista para sacar tajada política, pero choca con políticas de contención de gasto y de “subsidios caprichosos” que se esgrimen desde las filas populares. ¿No sería más certero que desde sus organizaciones les mostraran el camino del seguro, como cualquier otro empresario?