19 may 2014 / 22:00 H.
El Banco de España publicita la estadística de las viviendas que por impago de hipotecas se quedan las entidades financieras. Los datos, por primera vez, están basados en las cifras que remiten los bancos al organismo de control. En 2013 se quedaron con 49.694 viviendas, de ellas 38.961 eran la vivienda habitual de los desahuciados. Lamentablemente una cifra aún demasiada alta y que supone un 10% más que en 2012. Además, y aunque las daciones en pago subieron levemente, aún no son el mecanismo mayoritario de gestión que preconizaba el código de buenas prácticas bancarias. Un protocolo bienintencionado que se queda a medio camino y que no ha cambiado la realidad de cientos de familias. En este sentido, las fuerzas del orden intervinieron en 147 casos, la mitad que en 2012. Una escenificación que es también la “Marca España” de los últimos años, aunque esta, lógicamente, no nos gusta que nos la recuerde ningún reportaje periodístico en cabeceras internacionales. Mientras la banca acapara ayudas públicas para reflotar entidades que vagaron a la deriva, familias pierden su bien más preciado y, en la mayoría de los casos, mantienen deudas de por vida. Lo ilógico del sistema calienta los ánimos de afectados y asociaciones que velan porque la situación sea lo más justa posible para los clientes. En este sentido, y al margen de códigos de buenas intenciones, es necesario también cambiar las leyes para evitar la falta de protección manifiesta que sufre el consumidor. La letra pequeña y un sistema excesivamente garantista para las entidades propició abusos que hasta la propia Unión Europea reconoció. Que al menos se dé amparo legal para que estos abusos no se vuelvan a repetir.