Asignadas a cuatro consejerías las funciones y medios traspasados por el Estado en gestión del litoral

Con este traspaso, que se hará efectivo el próximo 1 de abril con  un coste anual efectivo de 2,11 millones de euros, la Junta de  Andalucía se hace cargo de 62 puestos de trabajo y 21 vehículos,  según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del  Consejo de Gobierno el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz  Trillo. 

Asimismo, la Administración autonómica recibe un inmueble de 2.348  metros cuadrados en el Paseo de la Farola número 12 de Málaga. Su uso  será compartido por las administraciones central y autonómica hasta  que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número  7 de esta misma vía, donde se ubicarán los servicios estatales.

Junto con la asignación de medios y funciones, el decreto recoge  la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, adscrita a  la Consejería de la Presidencia, como instrumento de participación de  los agentes económicos y sociales en la ordenación y gestión del  litoral. De igual modo, en las seis provincias con dominio público  marítimo-terrestre, la Junta creará comisiones interdepartamentales  sobre la materia.

El traspaso de las funciones, medios y servicios en materia de  gestión y ordenación del litoral, previsto en el Estatuto de  Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero en una  reunión presidida por el vicepresidente tercero del Gobierno y  ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y la consejera de la  Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Mar Moreno. 

Su regulación se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de  enero.

Las funciones transferidas, que ahora se asignan a las cuatro  consejerías con atribuciones en la materia, incluyen las  autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del  dominio público marítimo-terrestre relativas a playas, acantilados,  dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros.

Entre estos permisos figuran los relativos a los llamados  'chiringuitos', así como la realización de vertidos, las  explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las  actividades que requieren instalaciones desmontables durante un  periodo superior a un año, la ejecución de obras fijas en el mar y  las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o  varaderos.

La Administración andaluza, según ha expuesto el consejero,  también pasa a regular los usos de temporada en las playas (por  ejemplo, zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (áreas de  fondeo o pantalanes flotantes, entre otros).

Finalmente, el Real Decreto establece la participación de la  Comunidad Autónoma en la planificación y programación de las obras de  interés general, así como en la gestión de las adscripciones al  dominio público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o  modificación de puertos y vías de transporte de titularidad  autonómica.

Preguntado sobre el número de chiringuitos que hay en Andalucía,  el consejero de Medio Ambiente ha expuesto que, a día de hoy, son 838  en las cinco provincias con salida al mar, mientras que los planes de  playa con 63. El estado de cada chiringuito y plan, según ha  apuntado, se conocerá en los próximos días, apuntando que el ánimo de  su departamento es trabajar con la mayor celeridad y con un nivel de  información directo con el sector y con los ayuntamientos para  facilitar todo el proceso que se inicia.