Aquiescencia e ilegalidad para los de siempre
Desde almería. Como no tenemos bastante con la crisis, con el paro, el latrocinio y corrupción por doquier, con los intentos separatistas de los nacionalismos, etcétera, ahora ante nuestra debilidad exterior y falta de cohesión, nos vuelve la misma cantinela con Gibraltar ¡cómo se aprovechan de nosotros! En el artículo X del Tratado de Utrecht se especificaba que solo se cedían la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas.
España no cedió el istmo, ni aguas territoriales ni espacio aéreo. El documento concretaba que España tiene un derecho preferente para recuperar este territorio en el caso en que la corona británica decida darlo venderlo o enajenarlo de cualquier modo. Desde 1963 Gibraltar está incluido en la lista de territorios sometidos a descolonización. En la Declaración de Lisboa de 1980 entre España y el Reino Unido ambos Gobiernos se comprometían a resolver el problema de Gibraltar en un espíritu de amistad y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas sobre la necesidad de descolonizar Gibraltar. Esta declaración de Lisboa fue desplegada posteriormente por la Declaración de Bruselas, de 1984, en la que España y el Reino Unido sentaron las bases de un nuevo proceso negociador, que quedó interrumpido por el Reino Unido y no ha sido retomado hasta la fecha. Los gibraltareños no se integrarán en España, porque nunca renunciaran a la realidad celestial de vivir, en un área ausente de impuestos y lleno en ardides que completan con los privilegios de hacer uso de los encantadores paisajes de la urbanización Sotogrande, en San Roque y el resto de los alrededores de la costa andaluza. Los habitantes de Gibraltar iniciarán movimientos, cuando adviertan que solo en España está el futuro de su supervivencia, para esto el poner en práctica métodos exigentes, dentro de la legalidad internacional, con una diplomacia fuerte, es el único camino de que permanezcan en ese empeño que dura trescientos años. Verdaderamente nuestros políticos, en las diferentes etapas de nuestra historia, han hecho poco para recuperar este trozo de terreno. Desde Utrecht los británicos se deleitan con Gibraltar y desde los años ochenta, toman posiciones leguleyas ante la ONU y otros organismos para convertirla, como ha hecho con muchas posesiones coloniales, en un territorio neocolonial dependiente de la Gran Bretaña. Esto lo saben ellos muy bien y están al tanto también, de la mediocridad y poca firmeza de nuestra diplomacia. Como decía nuestro embajador español Javier Rupérez, en un artículo publicado recientemente en prensa, “La Roca es una constante amenaza a nuestra soberanía, que no controla la presencia militar británica en el área, ni los abundantes tráficos ilícitos de todo tipo que en ella se producen, ni la multiplicidad de aspectos medioambientales que contaminan y afectan directamente a la vecindad española circundante”. En este largo tiempo de indecisiones y de actuaciones estólidas por parte de las diferentes administraciones españolas, ha hecho que la colonia británica expanda una tela de araña de intereses en torno a los terrenos en los que viven los españoles y ajenos a ellos, que lógicamente dificultarán aún más la reivindicación. Lo que es evidente en la actualidad, a pesar de las exigencias del primer ministro británico Cameron al presidente de la Comisión Europea Durao Barroso para que mande observadores a la verja, es que España ha dejado claro a Gran Bretaña que no habrá acuerdo si no cambia su disposición y ordena que retiren de la bahía de Algeciras los bloques de hormigón que lanzaron al mar los gibraltareños, el veinticinco de julio de este año 2013. Esto ha hecho que los pescadores de la Línea, que siempre han faenado en esta zona les aboque a la ruina. El retirar los bloques no depende más que de una decisión política de las autoridades de la colonia. También el gobierno español, requiere a Londres que exija a los gobernantes del Peñón, el cese inmediato de las obras de relleno y ampliación en el espacio marítimo, que está incumpliendo el tratado de Utrecht. De no paralizarse las obras el Gobierno español se reservará el derecho a actuar de la forma más acertada para proteger los intereses de España. La buena voluntad y el sentido común deben prevalecer. La entrevista del señor Rajoy con Barroso augura avances. Al Gobierno británico corresponde aceptar de forma clara y transparente —Tratado de Schengen— la evidencia de las actuaciones ilegales en la Roca (fraudes fiscales, contrabando tráficos ilícitos, que perjudican a la economía de la zona) de esa forma llegará la estabilidad y el diálogo, y no el enfrentamiento y la coacción.
Jose Ramon Talero Islan