Anticorrupción pide investigar al diputado Ramón Díaz

en las subvenciones concedidas a la sociedad anónima  laboral 'Saldauto' para su reestrucuración. El Ministerio Público  pide además a la juez Mercedes Alaya que requiera abundante  documentación sobre las ayudas libradas para esta sociedad anónima  laboral, toda vez que en el expediente de regulación de empleo  promovido en 2007 por 'Saldauto' han sido detectadas tres  prejubilaciones fraudulentas.
La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla,  Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones  fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el  acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y  Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía  (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos  años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en  crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el  IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los  libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda  Pública y la fiscalización administrativa. Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni  siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento  flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de  Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha  detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72  prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias  administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo  promovidos por una treintena de empresas andaluzas con cargo a este  fondo de 647.869.157,45 euros.
En este marco, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la  Criminalidad Organizada ha elevado a la juez Mercedes Alaya un nuevo  escrito fechado este día 2 de junio para solicitar la práctica de una  serie de diligencias. En este documento, recogido por Europa Press,  el Ministerio Público pide a la juez que, a su vez, requiera a la  Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de  Andalucía la entrega "ordenada y sistemática" de la "relación  individualizada" de convenios o "documentos de soporte de pagos"  suscritos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía  (IDEA), precisamente la institución surgida de la transformación del  antiguo IFA, en aplicación de un determinado acuerdo de encomienda.
Y es que entre la documentación relativa a las pólizas de seguro  de rentas financiadas por la Administración autonómica en el  expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por 'Saldauto',  se hace alusión, según la Fiscalía, a un "acuerdo de encomienda con  IDEA para la materialización referente a los programas sociolaborales  y las ayudas excepcionales" que, formalizado en una orden fechada el  27 de abril de 2010, "viene a reemplazar" el acuerdo inicial suscrito  en 2001 entre el antiguo IFA y la Dirección General de Trabajo y  Seguridad Social, entonces dirigida por el imputado Francisco Javier  Guerrero.
La Fiscalía, asimismo, reclama a la juez que requiera a la  Dirección General de Trabajo y Seguridad Social la relación de "cada  una de las entidades beneficiarias de los importes recogidos en los  convenios reseñados", así como cualquier documento que "recoja el  supuesto compromiso de pago de la Dirección General de Trabajo y  Seguridad Social" con relación al citado acuerdo de encomienda con  IDEA. En cuanto a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,  la Fiscalía pide al juzgado que le sea reclamada una "relación  individualizada" de convenios suscritos o documentos relativos a  pagos en aplicación siempre del citado acuerdo de encomienda.