Anticorrupción baraja que Alaya deje el caso de los ERE
La Fiscalía Anticorrupción estudia recurrir el auto del pasado 4 de septiembre en el que Mercedes Alaya, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, acordó seguir instruyendo la causa una vez remitida al Tribunal Supremo la exposición razonada por la presencia de aforados.
En una providencia dictada el 25 de septiembre, a la que ha tuvo acceso Europa Press, la magistrada dice textualmente : “Por presentado el anterior del Ministerio Fiscal, el cual solicita copia de la exposición razonada enviada al Supremo, para recurrir auto de 4 de septiembre”. Ese día, Alaya dictó un primer auto donde acordaba continuar con la instrucción de la causa, señalando: “Pese a la remisión de la exposición razonada al Supremo al considerar que es de su competencia la presente investigación por la posible responsabilidad de personas aforadas, es el Alto Tribunal quien fijará su propia competencia, acordando lo procedente”. “Mientras tal pronunciamiento no exista, la competencia para seguir conociendo de estas diligencias cuya instrucción no debe demorarse, corresponde a este Juzgado”, por lo que “procede por ello continuar instruyendo la presente causa”, zanjaba la juez.
En una providencia dictada el 25 de septiembre, a la que ha tuvo acceso Europa Press, la magistrada dice textualmente : “Por presentado el anterior del Ministerio Fiscal, el cual solicita copia de la exposición razonada enviada al Supremo, para recurrir auto de 4 de septiembre”. Ese día, Alaya dictó un primer auto donde acordaba continuar con la instrucción de la causa, señalando: “Pese a la remisión de la exposición razonada al Supremo al considerar que es de su competencia la presente investigación por la posible responsabilidad de personas aforadas, es el Alto Tribunal quien fijará su propia competencia, acordando lo procedente”. “Mientras tal pronunciamiento no exista, la competencia para seguir conociendo de estas diligencias cuya instrucción no debe demorarse, corresponde a este Juzgado”, por lo que “procede por ello continuar instruyendo la presente causa”, zanjaba la juez.
En una segunda resolución, Alaya acordó dar traslado a los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la causa y del contenido de la exposición razonada elevada al Supremo. La Fiscalía ya pidió a la juez que pusiera en conocimiento del Supremo “con carácter urgente” su decisión de continuar con la instrucción de la causa “en tanto” el Alto Tribunal “no fije su propia competencia” a la vista del contenido de la exposición razonada remitida por la magistrada, que seguidamente aceptó dicha solicitud. Así, y en un escrito elevado al Juzgado, el Ministerio Público reclamó a Alaya que, “con carácter urgente y como necesario complemento, de no haberlo realizado ya, se ponga en conocimiento del mencionado Alto Tribunal la decisión que se adopta de continuar la instrucción de la causa mediante remisión” a los dos autos dictados el 4 de septiembre.
Anticorrupción “entiende que todo lo anterior se debe realizar” a los efectos del artículo 759.2 en relación con el artículo 21, párrafo tercero ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “siendo este último artículo el que prevé que el Supremo puede autorizar al órgano judicial inferior, en tanto se resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fueran manifiestas”.
Asimismo, el pasado mes de julio, y antes de que la juez elevara la exposición razonada al TS, la Fiscalía ya presentó un escrito en el que volvió a reclamar a la instructora que abriera una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas y que elevara al Supremo dos piezas que afectan a los aforados “preimputados”. Entonces, Anticorrupción consideró que, en el caso de que la juez no compartiera su opinión y viera “procedente” mantener la “inescindibilidad” de las actuaciones y elevar la causa “en su totalidad por pérdida de la competencia a favor de órgano superior”, debería suspender la tramitación de la causa, “salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta”. En una segunda providencia fechada el 25 de septiembre, la juez rechazó entregar una copia de la exposición razonada al abogado de un imputado “al no alegarse la necesidad de la misma”.