Año internacional del cooperativismo

 Las primeras fueron de consumo, que en muchos municipios asociaban a la mayoría de los vecinos, con el objeto de abastecerlos de productos de primera necesidad, permitiendo un control de la inflación de bienes vitales como el pan. Al mismo tiempo se desarrollaron enormemente las cooperativas agrarias que han contribuido al desarrollo, entre otros, del sector productor de aceite como hoy lo conocemos. Hoy día muchos emprendedores optan por este modelo de hacer empresa, en cooperativas de trabajo, en las que los principios cooperativos se asocian a los de excelencia empresarial del siglo XXI. En la actualidad en Jaén existen 493 cooperativas, con 4.216 puestos de trabajo, y una facturación cercana a los mil millones de euros. Curiosamente estas empresas han capeado mejor el temporal de la crisis, incluso manteniendo el empleo. Paralelamente a esta celebración, es de gran actualidad la entrada en vigor el próximo 20 de enero de una nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Esta Ley ha sido aprobada con el consenso de los representantes políticos en el Parlamento y viene a reforzar la competitividad del sector, contemplando las reivindicaciones sectoriales exigidas para adaptarla al momento actual, siendo más flexibles, y permitiendo un mayor desarrollo. Como aspectos más significativos está el tratamiento menos restrictivo de las operaciones con terceros no socios, así como un descenso en la obligatoriedad de la dotación a los fondos sociales obligatorios. También se incorpora la figura del socio inversor que podrá participar en los beneficios de la sociedad. El nuevo texto hace referencia a la creación de grupos cooperativos como un modelo de integración blanda que favorezca la agrupación del sector como factor de fortaleza. Como aspecto más novedoso, está la posibilidad de incorporar el voto plural en las cooperativas de servicios (Agrarias) que permitirá más participación en la toma de decisiones de los socios que apuestan con mayor cuota de actividad cooperativizada. Esta medida, lejos de deteriorar la democracia, permite una mejor gestión societaria mediante el establecimiento de reglas de participación más justas. Toca adaptar los estatutos de estas empresas a la nueva Ley y procurar un funcionamiento eficaz, flexible y que las haga competitivas y sostenibles contribuyendo a un mejor desarrollo endógeno de nuestra provincia.
Rafael Peralta es economista