Andrés Bódalo tendrá la nómina de concejal parcialmente embargada
Porque no es oro todo lo que reluce, en la tormenta de críticas que ha despertado el elevado número de concejales que van a estar liberados con cargo a sus raquíticas arcas municipales, Andrés Bódalo no verá ni los 2.270 euros netos al mes que, aproximadamente, se corresponden con una liberación exclusiva, ni los 1.900 que el código ético de Jaén en Común (JeC) estipula de acuerdo con la media salarial de España en 2013.

El coordinador provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) tendrá que “compartir” el monto de su nómina con la Agencia Tributaria. ¿El motivo? Una deuda con el fisco que se eleva, actualmente, a los 10.500 euros y que resulta de las múltiples sanciones que pesan sobre él como consecuencia de la “represión” que denuncia haber sufrido —y seguir padeciendo— por una intensa actividad sindical, marcada, sobre todo, por la reivindicación de mejoras para los jornaleros o por la defensa de servicios y derechos básicos cuando arreciaron los recortes del Gobierno.
Aunque su andadura sindical arrancó hace algo más de dos décadas, en los últimos 4 años se han multiplicado las multas contra él. Con entre “30 y 35” a sus espaldas, Bódalo señala: “He llegado a tener 23.500 euros de deuda, pero me ha descontado porque he ido pagando lo que he podido”. Le han embargado “el 25%” de la nómina del SAT, cuando ha estado contratado por el sindicato, y otro tanto por ciento de las que percibía como jornalero, en campañas de aceituna o en la vendimia. “Me dejaban —precisa— el salario mínimo interprofesional (fijado, en 2014, en 645 euros)”.
Le retienen la devolución de la Renta y llegó un momento en el que él y su esposa optaron por la separación de bienes para evitar que también a ella le embargaran la nómina. “Ha sido un calvario”, señala Bódalo, que confiesa haber tenido que recurrir a Cáritas “para poder comer”, y subraya: “Si he podido pagar hasta ahora ha sido gracias a la solidaridad de mis compañeros”. Desconoce todavía qué porcentaje le embargarán ahora de la nómina de edil.
“Sufro la Ley Mordaza en mis propias carnes desde hace mucho tiempo”
Ente 50 y 100 personas se concentraron, el viernes 26 de junio, en la N-323, a la altura de La Manseguilla, para reivindicar al Ayuntamiento que el autobús hiciera parada en este barrio con el fin de evitar accidentes. Entre los asistentes había políticos de casi todos los colores y, por parte de JeC, además de su portavoz municipal, Manuel Montejo, Andrés Bódalo, que había sido igualmente invitado. Sin embargo, se lamenta: “Llegaron los secretas de la Guardia Civil y se dirigieron expresamente a mí para preguntarme qué hacía allí y pedirme responsabilidades”. Para el edil de JeC, esta es la prueba inequívoca de la “persecución” política y policial que sufre desde hace 4 años y de la que, sin morderse la lengua, culpa al subdelegado del Gobierno en Jaén. “El mal que me ha venido, me lo ha creado Juan Lillo”, sentencia Bódalo.
Cuenta que, en su larga trayectoria sindical, se le han acumulado multas por un montante global de hasta 50.000 euros, y apunta: “Casi el 50% de lo que le he tenido que pagar a Hacienda ha sido en multas en estos últimos 4 años”. “Lillo lleva 4 años persiguiéndome y no me deja respirar”, asegura Bódalo, que, en 2013, en el marco de las protestas estudiantiles contra la “Ley Wert”, recibió dos sanciones por valor de 1.500 euros cada una y denuncia: “No fui convocante, ni tuve altercado alguno”.
Ahora que acaba de entrar en vigor la llamada “Ley Mordaza”, el sindicalista señala: “Llevo sufriéndola en mis propias carnes desde hace mucho tiempo”. “Ahora —reflexiona—, va a sufrirlo el 100% de la población y es una pena que se limite el derecho a manifestarnos pacíficamente, pero la gente del SAT tenemos experiencia en esto”. Concreta que, en Jódar: “Más del 30% de la población estamos denunciados, tenemos una petición de cárcel y 70.000 euros en multas”.