“Andrés Bódalo se salta la Ley con demasiada frecuencia”

El subdelegado del Gobierno resalta que, en la provincia, se celebran, cada año, “miles” de manifestaciones y concentraciones —en 2014, se contabilizaron 506 y hasta el pasado 30 de junio, el número ascendía a las 231— “y muy pocas denuncias”. “Afortunadamente —dice—, los manifestantes son personas educadas, se comportan adecuadamente, comunican en tiempo y forma la fecha de las manifestaciones y los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no actúan si no sacan los pies del plato y cometen una falta”. Y reflexiona: “El mal que tiene el señor Bódalo no lo ha creado Juan Lillo, sino él mismo. Está claro que por el número de denuncias que acumula se salta con demasiada frecuencia la Ley”, estima Lillo, que explica: “Tiene permiso para manifestarse pacíficamente y lo hace fuera de los cauces legales. Lógicamente, el personal que está al frente de este negociado en la Subdelegación, cuando recibe el boletín de denuncia de un policía o un guardia civil, tiene que aplicar la legislación”.

El subdelegado del Gobierno en Jaén hace hincapié en que él ni ordena a policías y a guardias civiles que lo sancionen, ni puede “levantar la mano” para evitar que se ejecute una sanción firme. “Caería en prevaricación”, razona Lillo, que recalca que, como representante del Ejecutivo central en la provincia, solo firma “la proposición que los técnicos consideran que hay que aplicar en virtud del boletín de denuncia”, y considera: “Si la situación económica [de Bódalo] es complicada, él sabrá lo que hace cuando sale a manifestarse, pero la Ley es igual para todos los españoles”. Y apostilla: “No hemos cometido ninguna infracción. El que las comete es él”.

Hacer alegaciones

Una vez que se emite una sanción de este tipo contra un ciudadano cualquiera, el subdelegado del Gobierno explica que la persona en cuestión tiene un “plazo reglamentario” para contestar y hacer alegaciones. “Después, se estudian y, si corresponde continuar con la sanción, se continúa y, si no, desaparece”. Cuando definitivamente la denuncia es declarada firme, llega la hora de pagar, e insiste Lillo: “Ahí tampoco tiene nada que ver el subdelegado. Las que no se pagan por la vía normal, se cobran por la vía de apremio y conllevan recargos y la inmovilización de bienes de forma proporcional a la cuantía de la sanción”.

Reitera que no tiene “ningún tipo de causa contra” Bódalo. Pero advierte: “Me han encomendado una labor y la cumplo escrupulosamente. En alguna ocasión, alguien ha podido ser multado con pocas razones de peso, pero si es recurrente algo estará haciendo. No voy a caer en prevaricación para proteger a alguien que sistemáticamente incumple la Ley”.
Por último, recalca que la importancia de defender los derechos ciudadanos de concentración y manifestación, pero también los de aquellos que no quieren hacerlo. Y añade Lillo: “Afortunadamente, desde que estoy aquí, en la Subdelegación, las concentraciones que se celebran están resultando más ordenadas y sin problema, como quiere y ordena la Ley”.