Andalucía aprueba suprimir privilegios en pensiones de cargos públicos

Sin embargo, se ha rechazado, con los votos del grupo socialista,  una propuesta del PP-A, que contó con la abstención de IU-CA, en la  que se planteaba la supresión de las cesantías para diputados y altos  cargos una vez que perdieran dicha condición. 
Los grupos políticos han presentado un total de 103 propuestas de  resolución en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, de las que  33 han sido planteadas por el PSOE; 35, por PP-A, y otras 35, por  IULV-CA. Se han aprobado la totalidad de las propuestas del grupo  socialista, mientras que del PP-A se aprobó una y de IULV-CA, tres. 
En relación con la transparencia y la calidad democrática, el  Parlamento ha aprobado la propia propuesta que el presidente de la  Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, hizo ante el Pleno de la  Cámara en su discurso inicial del Debate sobre el Estado de la  Comunidad. 
Así, la propuesta de resolución del PSOE-A que ha sido aprobada y  que recoge las palabras del presidente, plantea la supresión de  cualquier privilegio en materia de pensiones que pueda tener  atribuido cualquier cargo público en Andalucía. Asimismo, se ha acordado la limitación de las retribuciones de los  parlamentarios a las que perciben del Parlamento, del Senado o de las  administraciones de las que sean cargos electos, impidiendo que  puedan percibir retribuciones distintas a estas, sea cual sea su  origen, público o privado.
De igual manera, el Parlamento ha apoyado el fortalecimiento de la  iniciativa popular legislativa, para que los ciudadanos tengan una  participación más activa en la actividad legislativa en esta Cámara y  se convierta en el escaño 110 del Parlamento. Para ello, se reducirá  el número de ciudadanos necesarios para proponer una iniciativa en  número equivalente al número medio de votos válidos necesarios para  obtener un escaño en cada legislatura. Asimismo, la modificación de  la Ley debe permitir participar directamente en su defensa, promoción  y tramitación en la Cámara.
Para lograr este acuerdo, según se ha acordado, se creará un grupo  de trabajo que en sus conclusiones propondrá las modificaciones  legislativas y normativas que permitan alcanzar los objetivos  propuestos de transparencia y calidad democrática.
De otro lado, el Pleno ha rechazado una propuesta de resolución  del PP-A en la que se instaba al Gobierno a traer las modificaciones  legislativas oportunas para que las declaraciones de la renta de los  parlamentarios, altos cargos de la Junta de Andalucía y los cargos de  extracción parlamentaria sean públicas, y se planteaba la  obligatoriedad de remitir al Parlamento relación detallada de sus  gastos de representación, manutención, alojamiento, dietas e  indemnizaciones diversas.  
También se ha rechazado instar al Ejecutivo a plantear en la  Cámara la derogación de la Ley por la que se regula el Estatuto de  los ex presidentes de la Junta de Andalucía, en el plazo máximo de 30  días, así como que se reforme el Reglamento del Parlamento para  eliminar la asignación económica temporal al perder la condición de  diputado que contempla su artículo 8. En la propuesta rechazada se  instaba también al Ejecutivo a plantear la modificación de la Ley de  incompatibilidades de altos cargos de la Junta y de declaración de  actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos  públicos para abordar la eliminación de las asignaciones económicas  tras su cese (cesantías).
Asimismo, el PP-A planteó en otra propuesta de resolución que  también fue rechazada, relativa al fomento de la participación  ciudadana y al acercamiento a las instituciones públicas de la  ciudadanía, la reducción a 40.000 de las firmas necesarias para la  tramitación en el Parlamento de una iniciativa legislativa popular y  se amplíe el plazo a seis meses para el procedimiento de recogida de  las mismas.  La única propuesta de resolución del PP-A que ha sido aprobada se  refiere a la aprobación de un nuevo Plan andaluz de formación  profesional.
El Pleno ha rechazado una propuesta de IULV-CA en la que se  instaba al Ejecutivo a iniciar la reforma de las leyes que regulan y,  en su caso, desarrollen el derecho de participación ciudadana para  fomentar y facilitar los mecanismos de participación directa de los  andaluces en la política, y la elaboración de un compromiso público  de las formaciones políticas con representación parlamentaria de  utilizar la consulta en referéndum de los asuntos de trascendencia.
Las tres propuestas de resolución de IULV-CA aprobadas se refieren  a la elaboración por parte de la Junta de un plan de saneamiento de  las haciendas locales, que permita resolver las deudas acumuladas; a  la presentación ante la Cámara de un documento de revisión del Pista,  adaptándolo a la realidad presupuestaria y dando prioridad a las  infraestructuras ferroviarias, y al rechazo al cierre de la planta de  Visteon en el Puerto de Santa María (Cádiz).  
Por unanimidad, la Cámara ha aprobado tres propuestas de  resolución del PSOE-A valorando "el importante papel" que desempeñan  el Defensor del Pueblo Andaluz, la Cámara de Cuentas y el Consejo  Económico y Social e instando al Consejo de Gobierno a que, "dentro  de las posibilidades presupuestarias, mantenga el esfuerzo para dotar  de medios a este tipo de organismo".