Andalucía, a la cabeza en casos de presos afectados por Sida

Además,  informó de que entre los años 2006, 2007 y 2008 fallecieron por esta  enfermedad en el total de las prisiones 88 personas, 24 de ellas en  Andalucía.   Según un comunicado de APDH-A, por número total de muertes por  VIH/Sida a nivel andaluz destaca Sevilla, donde murieron nueve  presos; seguida de Algeciras y Córdoba donde se dieron tres casos;  dos en Albolote, Huelva y Málaga; y uno en Puerto II y III y Jaén,  por lo que desde la asociación se pide "que se cumpla la legislación  española, excarcelando de inmediato a los presos enfermos de  padecimientos incurables", porque, matizó, "la cárcel no es control  institucional adecuado que necesita el preso enfermo". 

Así, criticó que "en los Centros Penitenciarios, los servicios  médicos solamente están diseñados como equipos de atención primaria,  formados por médicos de atención primaria, enfermeros o ATS y  auxiliares de enfermería, dependientes de la Secretaría General de  Instituciones Penitenciarias", cuando, señaló, según la Ley, "ésta  corresponde prestarla a la Junta de Andalucía".  Sin embargo, argumentó, "esta atención no es prestada por la Junta  adecuadamente por la falta de conducción policial que saque al  interno o por la falta de asistencia de los especialistas a las  prisiones". Además, apuntó, "existe una deficiente coordinación entre  Administraciones --Junta y Secretaría General de Instituciones  Penitenciarias--". 

Por tanto, desde APDH-A se pide "la transferencia de las  competencias en atención primaria, dando cumplimiento así a lo  previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, así  como que las consultas de las especialidades más frecuentes se  realicen en el interior de las prisiones, a fin de garantizar una  atención médica en condiciones de igualdad con el resto de la  sociedad". Asimismo, solicitó "el acercamiento de los presos a sus lugares de  origen, porque la dispersión reduce el contacto con sus familiares  obstaculizando sus posibilidades de reinserción y su recuperación  sanitaria y golpea a familias pobres que no reciben ayudas para los  desplazamientos, sometiéndoles a un sufrimiento innecesario y a una  pena complementaria a la que no fueron condenados", ya que, informó,   actualmente un 50 por ciento de los reclusos se encuentra cumpliendo  condena fuera de su provincia y un 15 por ciento lejos de su  comunidad autónoma. 

Desde APDH-A se pidió, además, que "la política penitenciaria en  el Estado español cambie radicalmente de rumbo, alejándose de  posiciones actualmente dominantes derivadas del populismo punitivo",  porque, apuntó, "en múltiples ocasiones algunas personas presas pasan  prácticamente toda su vida cumpliendo condenas estando demostrado que  la permanencia superior a 15 años en prisión atenta contra la salud  física y psíquica de la persona". Por último, la asociación criticó "la dejadez de los poderes  públicos respecto a la atención sanitaria que se ofrece al preso y  enfermo de VIH/Sida en el interior de prisión", porque, continuó  diciendo, "sólo aumenta la estigmatización y segregación de estas  personas frente a la sociedad". Por tanto, indicó, "exigimos que se  tomen medidas urgentes tendentes a garantizar a todos los internos  sin excepción una atención médico-sanitaria equivalente a la  dispensada al conjunto de la población".