29 ago 2015 / 08:43 H.
Un costoso alquiler para tiempos de crisis y en los que las administraciones públicas deben dar ejemplo de buen gobierno y control exhaustivo de finanzas. La Junta de Andalucía gasta al año 1,23 millones de euros por el alquiler de doce edificios en la provincia que se encuentran en distintas ciudades. Al mes el alquiler supone en torno a los 100.000 euros mientras el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia duerme ese sueño tan típico en la obra pública jiennense, el de los justos. Pero es que, además, la dispersión de los organismos va en contra de la lógica y del servicio que se presta a los ciudadanos. Que la propia memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recoja estas deficiencias debería sonrojar o producir eco en algún despacho, pero no es el caso. La necesidad de reorganizar servicios básicos en la capital, ya sean judiciales o sanitarios, que darían mejores prestaciones choca con la inacción, la consabida guerra política entre los partidos y con la lentitud con la que se ejecuta en Jaén cualquier inversión de calado. Además, desde un punto de vista ciudadano, el nivel de enojo aumenta cuando muchos de estas iniciativas llevan proyectadas desde hace décadas, y cada cierto tiempo —en coincidencia con periodo de elecciones— se sacan de paseo. Cuando se pide a los ciudadanos tanto esfuerzo, racionalidad en el gasto y en las inversiones sorprende el dispendio de dinero público difícilmente justificable. La tijera llega con una fiabilidad exquisita cuando se trata del ciudadano, pero, sin embargo, el número de altos cargos, contratados a dedo y proyectos descabellados de las administraciones siguen su tónica habitual. Con algo más de decoro, pero sin que nadie pague sus cuentas o culpas.