Alto riesgo por derrumbe
Catalina Piqueras teme a la lluvia tanto como a su futuro, complejo por una serie de circunstancias adversas. Vecina, de cincuenta y un años, del barrio de la Merced, la mujer ha puesto cubetas en su vivienda.
El techo del primer piso, con grietas y agujeros enormes, está en pésimo estado; las últimas precipitaciones propiciaron que el agua se filtrase hasta el salón, el lugar donde Piqueras y su hijo de doce años, Julio Cornejo, pasan la mayor parte del tiempo. La situación —asistir al previsible derrumbe de su casa— suma tiempo a la espera de una solución que a punto estuvo de llegar antes del verano, entre “finales de abril y comienzos de mayo”.
Ocurrió que Cáritas Diocesana, conocedora del problema que afecta a Piqueras y a su vástago, reunió el capital suficiente —en torno a nueve mil euros— para reparar la cobertura de la casa. Estaba todo listo. Y no pudo ser. “Antes de ejecutar el arreglo nos dimos cuenta de que la vivienda no es propiedad de Catalina Piqueras, sino de un familiar indirecto”, explican desde la organización católica. En efecto, tal y como confirma la protagonista de la historia, el inmueble era del padre de su expareja, ya fallecido. Los responsables son, ahora, los hermanos del exmarido de Piqueras. “Ellos no pueden ayudarme, porque los que viven en Jaén no tienen capacidad económica suficiente. De hecho, dos están desempleados”, aclara la mujer, que reside en la casa hace más de una década. Cáritas Diocesana ofreció una alternativa a la vecina de La Merced: compartir piso con otra persona. “No quise, porque en el pasado había tenido malas experiencias”, justifica Piqueras.
La asociación religiosa sin ánimo de lucro asegura, en declaraciones a Diario JAÉN, que está pendiente del problema de la residente en el número 16 de la calle Bazo. “No dejaremos desamparada a la familia. Trabajaremos para encontrar una solución”, apostilla Rafael López-Sidro, presidente de Cáritas Diocesana. En el asunto colaborará también Cáritas Interparroquial. Una opción es hallar otra casa.
Carencias. El único ingreso que recibe Piqueras, imposibilitada para trabajar, es una ayuda por discapacidad —padece problemas de espalda— inferior a cuatrocientos euros. La opción de alquilar otro piso es, pues, quimérica desde el punto de vista monetario. “No puedo planteármelo. Si un apartamento cuesta, como mínimo, trescientos euros al mes, ¿cómo vamos a comer mi hijo y yo con lo que me restaría?”, lamenta. El caso de Piqueras es conocido en el Centro Municipal de Servicios Sociales de San Felipe. La Junta también está al tanto. “Solicito una vivienda de protección oficial desde 2004”, dice. Fuentes del colectivo Unidos por la Merced destacan que es “una buena mujer” que nunca ha ocasionado “ningún problema”.