Alerta amarilla y cielo azul
Damos la bienvenida al otoño, tras un seco verano, que se despedía con alerta amarilla por lluvias, y cielo azul sin nubes. Pero el color que más tememos es el rojo que muestran las cifras del empleo. El paro afecta a nuestra comarca de forma muy negativa, en especial a jóvenes menores de treinta años, entre los el que la tasa de paro supera el 40%.
Nuestros gobiernos deberían desarrollar políticas que procuren la reactivación de la economía y la minoración en los ciudadanos de los efectos de este desempleo. Sin embargo nos encontramos con medidas que penalizan el empleo en pro de una mayor recaudación. El Gobierno se centra en lo urgente, que es conseguir liquidez para afrontar sus problemas de tesorería, antes que en lo importante, que es reactivar la economía e incentivar la creación de empleo. Prueba de ello es la reciente entrada en vigor del Real Decreto 20/2012 que, entre otras medidas, elimina todas las bonificaciones de cotización a la Seguridad Social. Se pierden pues los incentivos por maternidad, por contratación de mayores de 45 años, o por conversión de contratos temporales en indefinidos. Pretende el ejecutivo recaudar más, encareciendo la creación de empleo sin reflexionar sobre la repercusión que producirá en el paro, en el consumo, en el tejido empresarial, y por tanto en la recaudación futura. Las empresas se enfrentan al reto de sobrevivir con un consumo a la baja, con márgenes minorados ante la necesidad de absorber la subida del IVA al no incrementar el precio de venta, y ahora, con un importante incremento de sus costes de contratación de personal. Igualmente este Real Decreto penaliza a las empresas que no abonen los seguros sociales en plazo con un recargo del 20%, en vez del anterior criterio por tramos mensuales del 3, 5, 10 y 20% respectivamente. Así, aquellas empresas con dificultades financieras que atiendan sus obligaciones de pago con la Seguridad Social con un mes de retraso, tendrán un coste financiero del 240 %. Paradójicamente, las diferentes administraciones públicas incumplen con frecuencia sus compromisos de pago a ciudadanos y empresas, sin coste alguno. La velocidad legislativa más orientada a apagar fuegos, que a prevenirlos, obliga a reflexionar sobre las dimensiones de este incendio, que consume un bosque centenario que es el tejido empresarial, fuente de empleo, y de progreso. Los ciudadanos esperamos la liviana lluvia de Europa a modo de rescate, que apaciguaría la voracidad del fuego de la liquidez del Estado, y permitiría la reactivación de la economía, la generación de empleo, la inversión en futuro y la salvaguarda del Estado de bienestar. Desconocemos de qué modo se llevará a cabo este rescate, y las condiciones que exigirán al Ejecutivo. Esperemos que esta esperada lluvia no venga en forma de riada y lodos.
Rafael Peralta es economista