Alaya reclama información sobre un préstamo de la Junta a EDM
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entrega un informe a la juez del caso de los “ERE falsos” en el que se fija en un préstamo concedido a la informática EDM por la agencia IDEA de la Junta. El objetivo es aclarar si constituye una vía de “financiación irregular” a la informática de Mancha Real.
La investigación de la supuesta trama de desvío de fondos destinados a los expedientes de regulación de empleo (ERE), que dirige la juez sevillana Mercedes Alaya, llega a las ayudas concedidas en la agencia IDEA, dependiente de la Junta. Es más, en un auto del pasado jueves, 14 de noviembre, la magistrada solicita documentación de “los distintos avales y préstamos concedidos por cualquiera de las consejerías” a una treintena de empresas andaluzas, entre ellas, la jiennense Electronic Devices Manufacturer (EDM).
La desaparecida informática, con sede en Mancha Real, recibió un crédito, el 29 de diciembre de 2008; 384.841,65 euros que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge, junto a otras partidas de las que se beneficiaron, entre 2001 y 2011, sociedades como Gitanos de Jerez, Rio Tinto Fruit o Pickman La Cartuja, de Sevilla. En el oficio de Alaya, consultado por este periódico, la juez insta a la Administración andaluza a que “a la mayor brevedad posible” entregue a la UCO los datos requeridos. El interés de los guardias civiles encargados del caso estriba en la creencia de “la utilización de otras vías de financiación irregular a empresas (supuestamente a través de las consejerías) que ya son investigadas en la causa”, como es el caso de EDM.
La UCO recuerda que la Intervención General de la Administración andaluza ya detectó “irregularidades” en la tramitación de ayudas y en el control de IDEA. También se alude a hechos como que el consejo rector de la agencia de crédito aprobó avales de “salvamento”, al tiempo que se resolvían expedientes de reestructuración, lo que extraña a los investigadores y les hace preguntarse si hubo arbitrariedad. Esta forma de obrar puede entenderse como “una inyección continuada y sistemática” de dinero, según la Guardia Civil. En el caso de EDM, la Administración andaluza libró ayudas por valor de 6,4 millones de euros. La sociedad, un centro especial de empleo, que llegó a tener a unas 160 personas en plantilla, apenas tuvo un trienio de vida y eso que facturó 800.000 euros su segundo año. José Rodríguez Cámara / Jaén