Alaya imputa al jefe de servicio de Formación en la provincia en la causa de los cursos
La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha imputado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a once jefes de servicio de Formación de la Junta de Andalucía y los ha citado a declarar entre los próximos días 9 y 12 de junio. Entre ellos, se encuentra el responsable de este órgano en la provincia de Jaén, José Luis Valentín Martos, tal y como confirma Europa Press. En un auto fechado el pasado 27 de mayo, la magistrada los ha citado a declarar para la próxima semana.
La juez ha imputado a los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; al jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez, y a los jefes de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito García. De igual modo, los nuevos imputados son el jefe de servicio de la delegación de Jaén, José Luis Valentín Martos; el jefe de servicio de Almería, Blas Méndez Capel; el jefe de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores; y los jefes de servicio de las delegaciones de Cádiz y Huelva Antonio Juan Vidal Agarrado y José Ángel Gil Flores, respectivamente.
Alaya ha imputado a todos ellos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica". A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención". Además, "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".
En el auto, y "para un mejor esclarecimiento de los hechos que se investigan y determinación de las correspondientes responsabilidades penales", la juez libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informe sobre el cargo de secretarios provinciales y secretarios generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), "con identificación de las personas que los han desempeñado, así como especificación de sus funciones".
De igual modo, la UCO deberá informar sobre los jefes de servicio de Formación "en la época" de la exdirectora general de Formación María Teresa Florido, que según su declaración judicial fueron María Carril, Alfredo Bolaños, María Cabanillas y Tomás Domínguez. Así, Alaya pide comprobar la "veracidad" de tal afirmación y las funciones desempeñadas por cada uno de ellos, así como que la UCO informe de la identidad de tales jefes de servicio en el periodo comprendido entre 2009 y 2012.
En esta causa, permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas, incluidos 13 exaltos cargos de la Junta, que fueron detenidas el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Barrado', tras lo que fueron puestas en libertad con cargos. Entre ellas está la exdelegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, Irene Sabalete que, a raíz de su arresto, dimitió de todos sus cargos orgánicos.