Al juzgado por no pagar
No se fían ni un pelo de las buenas palabras ni de las promesas recibidas y optan por un ataque como defensa de sus puestos de trabajo. El personal del Consorcio Hacienda La Laguna de Baeza, donde está integrada la escuela de hostelería ubicada en el anejo del Puente del Obispo, da de plazo hasta primeros de junio a sus patronos para que se pongan al día con sus deudas, entre las que están sus nóminas. Si no, los llevarán a los tribunales. La entidad está participada por la Junta y el Ayuntamiento de Baeza, cuenta con una treintena de trabajadores y, actualmente, allí se forman 190 alumnos en restauración y otros trabajos relacionados con el sector turístico.
Consolación Rodríguez, portavoz del comité de empresa, explica que los trabajadores, reunidos en asamblea, votaron ayer a favor de llevar ante la Justicia a las administraciones autonómica y local, en caso de que, a primeros de junio, continúe la situación que viven actualmente. Ya se les debe la nómina de abril y temen que la de mayo siga los mismos pasos. En su mente, el “calvario” que vivieron el pasado curso, con meses de sueldo “colgado” y con unas instalaciones a las que no llegaban suministros, ante la legítima negativa de los proveedores a servirlos sin cobrar. Las clases continúan, como deja claro la representante sindical, aunque en condiciones poco adecuadas, casi límite. Los “recortes” afectan al día a día del centro, en cuestiones tan básicas como la compra de la carne con la que se enseña a los futuros trabajadores de la hostelería a cocinar. Los empleados denuncian “la total desinformación y desamparo que sufren por parte de las administraciones local, provincial y regional”.
Aunque agradecen las gestiones del presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el alcalde baezano, Leocadio Marín, aseguran que no les queda más remedio que adoptar esta postura, ante un problema que pone en jaque su economía familiar y el futuro de los estudiantes. Especialmente críticos son con la delegada de Educación, Yolanda Caballero, a la que afean que, aparte de hacer caso omiso de sus peticiones, no se involucre en su defensa, como sí hacen otros homólogos de otras provincias donde existen centros de este tipo. Además, no ocultan su hastío por la negativa de la política a constituir oficialmente el consorcio de la escuela, del que ella es la presidenta. Caballero, como su antecesor, José Ángel Cifuentes, tiene en los problemas de La Laguna una “patata caliente”, un problema que, según los trabajadores y los alumnos, no es capaz de gestionar.
Los contactos mantenidos con los representantes de los otros 13 consorcios formativos andaluces, de los que tres están abocados al cierre, tal y como se explicó a este periódico, no tranquilizan a los profesionales que trabajan en Baeza. Ya se barrunta la posibilidad de que la Junta ponga en marcha un expediente de regulación de empleo para todos estos centros, ante los manifiestos problemas que tiene para hacer frente a su mantenimiento.
A finales del año pasado, la Administración andaluza ingresó en las arcas de la escuela baezana el 75% del dinero correspondiente a al curso 2012/2013, tras meses de protestas por los impagos. Desde entonces, no llegan los fondos necesarios para el día a día de La Laguna, un referente en la formación, con un 85% de inserción laboral. La Junta y el Ayuntamiento, a pesar de la petición de este periódico, eludieron dar su opinión sobre la situación del centro.