Acusados de hacer contratos ficticios para cobrar ayudas
Cinco años de cárcel. Eso es lo que el Ministerio Público reclama para dos empresarios que, a partir del próximo 15 de junio y durante una semana, se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia. Tendrán que responder como presuntos autores de un delito de estafa por fraude en la percepción de ayudas públicas. Según la Fiscalía, recibieron subvenciones por valor de 158.516 euros haciendo contratos a personas con discapacidad, sin cumplir las condiciones que la Administración exige para cobrar los incentivos.
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, Moisés M. L. y Juan Eduardo S. B. “idearon un procedimiento para defraudar a la Hacienda Pública andaluza”. Así, gracias al soporte que les ofrecía la empresa MKF —de la que ambos eran administradores mancomunados— obtuvieron subvenciones para incentivar la integración laboral de las personas discapacitadas. “En concreto, la empresa obtuvo subvenciones por la contratación de 95 trabajadores a lo largo de los años 2008, 2009 y 2010 que luego resultaron ficticias, pues los citados trabajadores, después de ser contratados por tiempo indefinido y de haber sido dados de alta en tal concepto en la Seguridad Social, eran despedidos, algunos de ellos sin haber llegado a desempeñar actividad alguna”, explica el fiscal Alberto López. El Ministerio Público eleva a 158.516 euros el agujero estos supuestos delitos han dejado en las arcas públicas de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular.
También está personado en la causa el sindicato Comisiones Obrera, que fue el que destapó el caso en junio de 2011, después de recibir varias quejas de los discapacitados contratados por la empresa. Los testimonios recabados fueron enviados a la Inspección de Trabajo y, posteriormente, a la Fiscalía Superior del Tribunal de Justicia de Andalucía, donde se abrieron diligencias. Las historias personales que contaron los afectados eran durísimas y reflejaban un “infierno laboral”. Así, dijeron que se les obligaba a firmar nóminas que nunca cobraron, que no disponían de ordenadores ni teléfonos para llamar a clientes, a pesar de que se trataba de una empresa de telemarketing y que empleados con problemas de movilidad eran enviados a vender productos a empresas sin pagarles el transporte.
Con esos testimonios, la Fiscalía Superior envió el caso a los juzgados de Jaén. Tras una instrucción muy rápida, el Fiscal acusa a los dos administradores de MKF de un delito de estafa continuada, que afecta a bienes de reconocida utilidad social y por valor de más de 5.000 euros, por lo que pide cinco años de cárcel. Los dos acusados siempre han negado los cargos. Durante la instrucción, ambos dijeron que la Junta no les pagó las subvenciones y calificaron de “irrisorio” que se les impute un fraude por un dinero que aseguran no haber cobrado. Asimismo, negaron las malas condiciones denunciadas por los empleados.