Acepta cinco años de cárcel, pero no delata a los “Pikikis”
Blas T. G. deberá cumplir una condena de cinco años de cárcel. Ayer, este vecino de Úbeda, al que la Policía vincula con el conflictivo clan de los “Pikikis”, aceptó ese castigo por almacenar armas de guerra. Es la mínima pena para un delito que no se había visto en la provincia en los últimos años. El procesado apenas estuvo unos minutos en la Audiencia Provincial. Llegó esposado, ya que está en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos, y con la cara oculta por una capucha. Ya en la sala, reconoció de cabo a rabo el escrito de acusación que la Fiscalía presentó contra él: “Yo lo hice”, declaró cuando el presidente del tribunal, Pío Aguirre, le preguntó que cómo se declaraba. Es decir, admitió que transportaba un subfusil ametrallador capaz de disparar 45 balas en apenas tres segundos. Un arma bélica en perfecto estado de funcionamiento.
Que apechugara con el castigo no quiere decir que confesara lo que, realmente, pasó aquella tarde del 15 de junio de 2015. Ese día, la Policía detuvo a Blas T. G. cuando, en plena siesta, caminaba por la calle Trinidad de Úbeda, cargando con una pesada caja de metal. Su actitud llamó la atención de los agentes, ya que el acusado es conocido por hacer trabajos para los “Pikikis”. Es uno de los hombres de confianza del clan. Así que los funcionarios decidieron darle el alto para que les mostrara el contenido del cajón. Fue, entonces, cuando encontraron la ametralladora, dos cargadores y 143 cartuchos.
En un primer momento, Blas T. G. dijo que el arma no era suya y que acababa de encontrársela en un contenedor de basura. Al día siguiente, y ya con una orden judicial, la Policía registró la vivienda del acusado. También se halló un revólver del calibre 38 y más de una treintena de balas. Los investigadores consideraron que ninguna de las armas era de Blas T. G., sino que las almacenaba para el clan de los “Pikikis”. Lo que ocurre es que el procesado no confesó nada. En un ejercicio de lealtad, guardó el mismo silencio que mostró ayer ante el tribunal que le impuso una condena de cinco años de cárcel, el mínimo para un delito que puede estar penado con hasta una década entre rejas. “¿Tiene usted algo más que decir?”, le preguntó el magistrado Pío Aguirre para ofrecerle el derecho que tiene todo acusado a decir la última palabra en una causa penal: “Ya está todo dicho”, respondió Blas T. G. “Pues llévenselo”, apostilló el presidente del tribunal. La Policía levantó al acusado, que volvió a taparse el rostro con una capucha.