Aborto: Vuelta al pasado
Desde el inicio de la legislatura, Gallardón y los seguidores más reaccionarios de la derecha española se han empeñado en acabar con una ley tan necesaria como justa y útil, como fue la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, que aprobamos en España el 3 de marzo de 2010, con más de veinte años de retraso.
El Ministro de Justicia no ha parado en este tiempo de sembrar miedo y confusión sobre un asunto que en nuestro país y en Europa estaba superado. Hace décadas que tanto Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud y el Parlamento Europeo, nos dijeron a los Estados que no se podía penalizar y castigar a las mujeres por interrumpir voluntariamente su embarazo. Se han multiplicado así y hemos firmado un sinfín de acuerdos y protocolos internacionales, que nos obligan a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la maternidad libremente decidida. Por eso, en 2008 decidimos elaborar un nuevo marco normativo que cumpliera con estos mandatos y resolviera para siempre la laguna legal en la que estábamos, con un código penal que no respondía ya a nuestra realidad social. El Ministro Gallardón habla de volver a la ley de 1985, pero él sabe bien que no hay ley a la que volver. En España hasta 2010 no había una ley del aborto. El aborto hasta entonces era algo prohibido y penalizado con penas de cárcel. Sólo estaba despenalizado en tres supuestos: violación, malformaciones fetales ó riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre. Esta despenalización en tres supuestos no es una ley y lo que ocasionaba era una inseguridad jurídica, que ha permitido durante estas décadas, graves violaciones a la intimidad y dignidad de las mujeres y prácticas poco ortodoxas por parte de algunos equipos médicos. Por eso decidimos elaborar la ley actualmente en vigor, adecuando nuestro marco normativo al consenso de la comunidad internacional en esta materia, y acabando al fin con la inseguridad jurídica y el vacío legal existente. La Ley actual ampliamente consensuada, respeta además fielmente nuestra Constitución como reconoció el Consejo de Estado y uno de los padres de la misma, Herrero de Miñón. En este tiempo además, ha reducido el número de interrupciones voluntarias de embarazo, ofreciendo seguridad jurídica, y garantizando adecuadamente los derechos de la mujer y la vida prenatal. Deshacer ahora el camino andado para volver al pasado es una atrocidad intolerable a nuestro Estado de derecho. El Estado no pude legislar sobre principios cristianos o morales, eso forma parte de la vida privada. La decisión de tener hijos y cuando tenerlos, constituye uno de los actos más íntimos y personales de las personas y los poderes públicos no debemos interferir en esas decisiones.
Isabel Martínez es periodista