Abierta la negociación para las tasas científicas
Satisfacción entre la treintena de investigadores que denunciaban el cobro 'desmesurado' por el uso de los equipamientos científicos de la Universidad. Se reunieron con los responsables del Vicerrectorado de Investigación y se acordó establecer una vía de negociación para ajustar las tasas.
A media mañana estaba prevista la reunión de los responsables del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad para explicar los detalles del nuevo plan de inversión, aprobado esta misma semana, y que contempla una partida de 1.400.000 euros. Sobre la mesa, un asunto espinoso, la introducción de cobros, a ojos de una treintena de afectados, “desmesurados” por la utilización del material científico que, en realidad, ha sido pagado con fondos públicos.
Según explicaron los asistentes a la reunión, fue en turno de preguntas cuando se abordó este asunto con un interés especial de los afectados que querían saber por qué se habían aprobado unas tasas “excesivas”, muy por encima de los valores de mercado. En este sentido, la respuesta que obtuvieron es que, a la hora de establecer los precios, se guiaron por los que se cobran en otras universidades españolas. Sin embargo, los responsables del departamento se mostraron abiertos a negociar con ellos estas cantidades y a que sean los propios investigadores los que les faciliten un listado de recomendaciones para que sean más acordes a los ofertados por las empresas especializadas. De esta manera, en los próximos días, se volverá a mantener otra reunión para acordar este punto y ver cómo afectará, de manera más concreta, a los proyectos que ya están en marcha y que, precisamente, no contemplan estas partidas económicas.
Los científicos avisaron de que la implantación de estos cobros “excesivos” supondrá un “entorpecimiento que puede conducir a la parálisis de proyectos ya concedidos”, porque no contemplan estas partidas que, en algunos casos, pueden superar los diez mil euros. Además, lamentaron que esta mesa de diálogo no se hubiese abierto antes de aprobar el plan ya que, de esta manera, se hubieran evitado este tipo de problemas.
Esta treintena de afectados en ningún momento se ha negado a pagar por el servicio. Entienden que se deba introducir un canon —aunque hasta ahora fuera gratuito—, pero consideran que las cantidades y los criterios con los que se ha establecido no son los idóneos. Y es que, en muchos casos, el pago se hace por horas de utilización, algo que consideran totalmente contraproducente y ajeno a la realidad investigadora. Esperanza Calzado/Jaén