13 jun 2014 / 22:00 H.
Llevan meses con la misma zozobra y no están dispuestos a continuar con la eterna inquietud cada vez que llega el momento de cobrar sus nóminas. Los empleados de Autobuses Castillo, la empresa concesionaria del servicio del transporte urbano, han puesto fecha en el calendario: el 21 de este mes de junio. La deuda que el Ayuntamiento mantiene con esta concesionaria es de un millón de euros, según se asegura desde el comité de empresa, motivo que utiliza el empresario para esgrimir falta de liquidez, de manera que todo depende de una firma para que se pueda renovar la póliza correspondiente, una operación valorada en 450.000 euros al parecer, y el dinero así vuelva a fluir. Pero todo con cuentagotas y la espada de Damocles sobre la cabeza de ochenta personas, ochenta familias que ya en el mes de abril dieron un ultimátum que, finalmente, no llegaron a cumplir. El asunto va de largo, con tiras y afloja, y con el temor de ver su nómina en peligro si protestan por lo que es suyo. Desde instancias municipales la supuesta falta de liquidez se pone en tela de juicio, ya que cada año se ha incrementado el precio del billete en función del IPC y la mayor parte de la recaudación, un sesenta por ciento aproximadamente, llega de manera directa de la venta de billetes. En este cruce de estimaciones entre empresa y Ayuntamiento hay dos versiones y un solo sufridor. Con una semana como plazo para dar solución al problema, queda por ver si la huelga indefinida se materializará y habrá daños colaterales en los ciudadanos, como sucede siempre en estos casos. Es de esperar que impere la cordura y la sensatez para llegar a un punto de encuentro definitivo, sin los continuos vaivenes que ponen en jaque tanto a trabajadores y como a usuarios en general.