A vueltas con el bus urbano
Autobuses Castillo vuelve a estar de nuevo en primera línea de la actualidad informativa por los problemas de cobro de nóminas de sus trabajadores. Después de anunciar una convocatoria de una huelga indefinida a partir del jueves de la próxima semana, en caso de no cobrar la nómina de abril que aún tienen pendiente, el Ayuntamiento hacía ayer mismo un pago de 60.000 euros a la empresa concesionaria del servicio del transporte urbano, por lo que es de esperar que a partir de esa fecha los empresarios hagan la transferencia correspondiente a los empleados. Al menos, en esa línea se manifestó Fernández de Moya, para insistir, cosa que tampoco es novedad, en el enorme esfuerzo que supone para el Consistorio reunir dinero después de la herencia de una deuda con Castillo de 1,2 millones de euros que recibieron del anterior equipo de gobierno municipal.
Al ciudadano no le preocupan los condicionantes políticos, sino que algo por lo que paga, funcione como es debido. Los servicios públicos deberían quedar al margen de problemáticas de cualquier tipo. Que las administraciones responsables se comprometieran a blindarlos, de manera que pase lo que pase, gobierne quien gobierne o estén las arcas como estén, tengan autonomía para funcionar con la calidad mínima exigible. Por el bien del ciudadano que paga sus impuestos y tiene unos derechos. Dicho esto, tampoco es de recibo la utilización del chantaje que suponen las huelgas en determinados conflictos, cuando afectan de una manera tan directa al usuario. Es complicado, en suma, conjugar los legítimos derechos de unos y otros. Y en el equilibrio está la virtud.
Al ciudadano no le preocupan los condicionantes políticos, sino que algo por lo que paga, funcione como es debido. Los servicios públicos deberían quedar al margen de problemáticas de cualquier tipo. Que las administraciones responsables se comprometieran a blindarlos, de manera que pase lo que pase, gobierne quien gobierne o estén las arcas como estén, tengan autonomía para funcionar con la calidad mínima exigible. Por el bien del ciudadano que paga sus impuestos y tiene unos derechos. Dicho esto, tampoco es de recibo la utilización del chantaje que suponen las huelgas en determinados conflictos, cuando afectan de una manera tan directa al usuario. Es complicado, en suma, conjugar los legítimos derechos de unos y otros. Y en el equilibrio está la virtud.