A la espera de saber el futuro de los olivareros
La batalla a la actual propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) que promovió el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, no ha hecho nada más que empezar. Organizaciones agrarias, sindicatos, partidos políticos, administraciones locales, provinciales y autonómicas y el propio Gobierno rechazaron automáticamente el borrador que se presentó el pasado 12 de octubre.
Las mesas informativas a los olivareros, por parte de unas u otras instituciones y a través de diferentes colectivos del sector, no paran de sucederse. Lo que parecen tener claro los olivareros es que tendrán menos ayudas, y que algunas explotaciones, si la reforma se pusiera en marcha a partir del 1 de enero de 2014, dejarían de ser rentables.
Juan Vilar Hernández es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y, además, un experto en el mundo del aceite. También forma parte de las mesas de asesoramiento sobre la reforma de la PAC. Según explica, las subvenciones a la agricultura están justificadas y, asimismo, resultan necesarios en la mayor parte de los países económicamente desarrollados. “La PAC tradicional, desde sus orígenes, impulsó una auténtica revolución productiva en Europa, hasta el punto de pasar de importadora de alimentos a principios de los sesenta, a conseguir la autosuficiencia requerida a mediados de los ochenta”, explica. Sin embargo, surgió un cambio de objetivos, orientados a aumentar la competitividad de la agricultura comunitaria, estabilizar la producción, afianzar a la población en los núcleos rurales y comenzar con la preocupación medioambiental. Todo ello, tal y como expone Vilar, se traduce en reformas y modificaciones. El experto, en este sentido, precisa las implicaciones sobre la reforma de la PAC en el marco 2014-2020. En el documento, se prevén, con carácter anual, pagos directos de distinta índole. Como especifica, están los de “naturaleza obligatoria” para los Estados miembros: el básico (aproximadamente 40% del presupuesto); por prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (30%); jóvenes agricultores (2%), y pequeños agricultores (10%). También se prevén de naturaleza voluntaria el pago directo acoplado (5%) y cuota destinada a zonas con limitaciones geográficas y orográficas con unos máximos de participación sobre el presupuesto (10%). Por otra parte, se pretenden llevar medidas que promueven el desarrollo rural, para potenciar la competitividad, la cooperación el desarrollo, la innovación o la formación.
El también director general del Centro de Desarrollo y Competencia para Aceite de Oliva-GEA Westfalia Separator Ibérica explica que, aunque es un borrador, en España, y especialmente en el sector olivarero, puede tener distintos efectos, tanto positivos como negativos. En cuanto a los primeros, señala que se concluye con las referencias históricas y comienzan a tener derecho a la percepción del pago básico todas las explotaciones agrícolas, lo que es una “buena noticia” para las que hasta ahora no habían sido beneficiarias. Hay una supresión casi definitiva de los pagos directos y acoplados y se potencia la figura de los jóvenes y pequeños agricultores. En cierta medida, avanza, se fomenta la formación y la innovación y hay una referencia específica al agricultor activo, así como la existencia de medidas de mercado.
Pero lo que más preocupa a los olivareros jiennenses son los efectos negativos. El presupuesto cae un 8% constante y afectará a renta de los actuales beneficiarios y también descenderá las ayudas por incorporar todas las hectáreas cultivables. Uno de los sectores más perjudicados será el del olivar. Vilar, asimismo, precisa que la normativa prevista está llena de “buenos propósitos” pero tiene una “errónea orientación, aplicación y materialización” y destaca por la ineficacia de herramientas estratégicas. También resulta “excesiva” la carga del presupuesto para el “greening” —una política verde—, del 30%. No se definen de forma explícita medidas orientadas a mejorar la competitividad y el texto se topa con indefiniciones como “agricultor activo o pequeño agricultor”.
A pesar de que las ayudas se mantienen otras siete campañas, la actual propuesta de reforma de la PAC tiene una traducción muy clara: la caída de renta neta —aunque no en todos los casos— procedente de las ayudas en un momento que resulta muy crítico especialmente en una provincia como la jienennse, donde el precio en origen del aceite de oliva ya es suficiente ruina para miles de agricultores. Silvia Ruiz Díaz /Jaén