A la espera de que la reforma laboral surta efecto en el empleo
Es un hecho. Después de dos meses de tramitación y con un intento infructuoso de sumar apoyos en el mundo empresarial y en la oposición, el Gobierno aprueba una reforma laboral que salió adelante con el apoyo del PNV y que, finalmente, no incorporó algunas de las medidas más duras que se debatieron en el Senado.
En esencia, y tal y como se apuntó a lo largo de estas semanas, la reforma implica un despido más barato, con un aumento de las posibilidades a las que se puede agarrar la empresa para despedir. En caso de pérdidas o, incluso, en la previsión de tenerlas, el despido entrará dentro de la legalidad. El punto que, a priori, favorece a los trabajadores con contratos temporales es el que obliga a la conversión en indefinido a aquel empleado que lleve tres años seguidos en la empresa. También recoge la nueva ley el contrato de fomento que se amplía al grupo de treinta y uno a cuarenta y cuatro años. Estas son, entre otras medidas, las que, en principio, exigían los empresarios y que también desde los organismos internacionales pedían para dinamizar el empleo en España. Una reforma laboral que rompe con la tónica de políticas sociales realizadas por el Gobierno de Zapatero en sus dos mandatos y que supone, por lo tanto, un claro cambio de ruta argumentada por las exigencias de los mercados. En cualquier caso, el paquete de medidas tiene como fin último favorecer el empleo, algo que tendrá que verificarse en los próximos meses y años, porque, en un ligero análisis, es evidente que sólo favorece las condiciones de gestión del empresario. Medidas que han demostrado su efectividad en otros países no tienen que tener igual resultado en nuestro país, ya que ni el tejido productivo ni las condiciones salariales y el dinamismo laboral tienen nada que ver con el resto de Europa. Un dato que no debería olvidarse a quienes, incluso, exigen un mayor sacrificio, por ejemplo, en salarios.