A la cárcel los cabecillas del fraude fiscal de la operación “Lucerna”
Cuatro años de cárcel y una multa de un millón de euros para cada uno. Esa es la condena impuesta a los empresarios oleícolas Enrique Fuentes Ibáñez y C. A. por defraudar casi 900.000 euros a Hacienda a través de un complejo entramado de sociedades centradas en el negocio del aceite de oliva. De esta forma, la Justicia dicta sentencia en la bautizada operación “Lucerna”, un caso que supuso un terremoto en el sector en el año 2012. Entonces, la Guardia Civil dio por desarticulada una organización que, presuntamente, comercializaba como aceite de oliva una mezcla de caldos de calidad inferior —principalmente, coco y palma— que habían sido exportados desde Suramérica. Finalmente, solo se presentaron cargos por no pagar impuestos. Cuarenta y cuatro meses después, la Audiencia ha condenado a los dos cabecillas, a los que impone cuatro años de cárcel. A Enrique Fuentes se le impone otro año más de prisión por un delito de insolvencia punible, por el que también han sido castigados el que fuera su abogado, Enrique G. R., y su hijo Carlos Fuentes.
La sentencia, de 38 páginas y que fue notificada ayer a las partes, hace suyos todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para mantener las acusaciones. Es decir, que las empresas gestionadas por Enrique Fuentes y C. A. conformaron varios circuitos comerciales ficticios por los que hacían circular partidas de aceite con el único objetivo de generar “un IVA artificial” con operaciones que solo existían sobre el papel. Un dinero que, después, se repartían.
En esos circuitos simulados, el aceite salía de Italia, en concreto de la empresa Isova, vinculada a la familia de C. A. En principio, debía llevarse a Mengíbar, donde Enrique Fuentes tenía algunas de sus sociedades y una refinería en la que se mezclaba. Esta primera operación es intracomunitaria por lo que está exenta del pago del IVA. Desde Jaén, era revendido “a pérdidas” a la firma Cosmoliva, también propiedad de C. A. Aquí ya sí es necesario pagar el impuesto que, efectivamente, era satisfecho por el empresario italiano. Lo que ocurre es que después pedía su devolución a la Agencia Tributaria y se lo repartía con Enrique Fuentes.
¿Cómo hacía el empresario jiennense para devengar ese IVA generado artificialmente? A través de otra empresa, Olesur, cuyo administrador único era “un testaferro” del empresario jiennense, tal y como lo define en la sentencia. Se trata de un ciudadano polaco, que está en paradero desconocido pero que, curiosamente, tenía como último domicilio un piso en el Bulevar que era propiedad de otra sociedad de Enrique Fuentes. La sentencia llega a la conclusión de que Olesur era una sociedad “ficticia”, que estaba gestionada “de hecho” por el aceitero jiennense y que fue creada con la única pretensión de proporcionarle facturas falsas con las que poder desgravarse el IVA de las ventas simuladas realizadas a C. A. Así se hace constar en los fundamentos de derecho de la resolución judicial, que recuerda que la Guardia Civil halló en el registro de la refinería de Fuentes Ibáñez los sellos y la contabilidad de Olesur.
La sentencia afirma que en este entramado societario “concurren todos los elementos del fraude” protagonizado por las llamadas “empresas trucha”. Y añade que se trata de una modalidad agravada de fraude fiscal, tanto por la cuantía defraudada (898.000 euros), como “por la existencia de una estructura organizativa y de personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero obligado tributario”.
Por ello, los magistrados de la Sección Tercera imponen cuatro años de cárcel a Enrique Fuentes y C. A. por un delito contra la Hacienda Pública. Un castigo que también incluye el pago de una multa de un millón de euros para cada uno y que, además, indemnicen a la Agencia Tributaria con los 898.000 euros que cobraron indebidamente en impuestos.
La otra pata de este caso era una acusación por alzamiento de bienes. La Audiencia ha considerado probado que Enrique Fuentes, su hijo Javier Fuentes Padilla y el que fuera su abogado, Enrique G. R., protagonizaron “una confabulación orquestada” para evitar que Hacienda pudiera embargarles una casa. Así, el letrado simuló una minuta, con lo que se generó una deuda con una empresa propiedad del grupo aceitero jiennense. Para pagarla, se le entregó al abogado un pagaré, que resultó impagado y por el que se abrió un proceso judicial en el que Enrique G. R. consiguió quedarse con la vivienda en cuestión y evitar, de esta forma, que Hacienda pudiera embargarla. Los tres protagonistas de esta “maquinación” han sido condenados a un año de cárcel. Inicialmente, por este delito también fue acusada la exnuera de Enrique Fuentes, aunque las partes retiraron los cargos contra ella.
Los detalles
Recurso. La sentencia de la Audiencia Provincial todavía no es firme. De hecho, cabe recurso de casación ante el Supremo. Se da por seguro que el caso aún tiene recorrido judicial.
Prisión. Las penas impuestas a Enrique Fuentes y C. A. son superiores a los dos años, por lo que tendrán que ingresar en la cárcel, si es que se declara la firmeza de la resolución.
El testaferro. La trama defraudatoria tenía su propio hombre de paja. Se trata del ciudadano polaco Jan P. R. Fue “colocado” como administrador de una sociedad, cuyo único objetivo era proporcionar facturas falsas a las empresas de Enrique Fuentes para que pudiera desgravar el IVA. Está en busca y captura.
Antecedentes. Enrique Fuentes ya fue condenado a cinco años y medio de cárcel por la estafa a decenas de olivareros en el caso Iniosa. Esa sentencia aún no es firme. C. A. está pendiente de juicio por la operación “Cisterna”, el sistemático saqueo de almazaras.