A la cárcel cinco 'narcos' que movían cocaína a lo grande

Los condenados son el cabecilla del grupo, la mujer colombiana que le proporcionaba los contactos en Madrid, los dos “correos” que utilizó para transportar la droga desde Jaén hasta Úbeda y un distribuidor que tenía en Jódar. A todos, la Policía les encontró estupefacientes en más o menos cantidad cuando estalló la conocida como operación “Danza”, en mayo de 2006. La sentencia considera probado que Felipe R. H., un ubetense con dos condenas anteriores por tráfico de drogas, era el “capo” del grupo.  Por este caso, le han “caído” casi quince años. Contaba con la ayuda de su entonces novia, la colombiana Sandra Milena R. G., que hacía de intermediaria para comprar la “farlopa” a lo grande. Su castigo son nueve años de cárcel. La traía desde la capital de España hasta Úbeda, utilizando “correos”. En marzo de 2006, la Policía cogió a uno de ellos, el venezolano Walter S. R. Llevaba un kilo y medio de cocaína de la buena. No obstante, Felipe R. H. siguió con sus negocios y recurrió a Cristóbal G. J., un antiguo colaborador para que le hiciera los transportes. A partir de ahí, la Policía ya estaba al tanto de todos los trapicheos del grupo y tenía “pinchados” varios teléfonos.  En mayo, se desencadenó toda la operación. Los agentes capturaron al segundo “correo” con un kilo de cocaína. Registraron la casa de Felipe R. H. y hallaron casi 300 gramos de polvo blanco. También en el piso de su novia en Madrid había “farlopa” escondida en un zapato. El quinto condenado es Miguel Ángel N. M., el distribuidor de la droga en Jódar. En su domicilio, tenía más de cien gramos. Se ha librado de la cárcel Manuel M. M., al que la Policía y la Fiscalía daban un papel determinante en el grupo. Los agentes lo vieron con Cristóbal G. J. y utilizaba “un argot sospechoso” en sus conversaciones telefónicas con Felipe R. H. Además, en su casa de la Estación Linares-Baeza se hallaron 116.300 euros en billetes de 500. No había ni un gramo de cocaína. Por ello, es absuelto del delito contra la salud pública, ya que la Audiencia considera que no hay “pruebas suficientes” en su contra. Rafael Abolafia