A juicio un forense por certificar una muerte sin ver el cadáver

Los hechos se remontan a la mañana del pasado 2 de mayo de 2014. Ese día, el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, que estaba de guardia, comisionó al forense ahora acusado para que se trasladara al levantamiento de un cadáver. En concreto, se trataba del cuerpo de una mujer que se había encontrado en su vivienda, ubicada en la calle Almendros Aguilar de la capital. El fiscal Luis Bravo Rojas asegura que no acudió hasta el citado domicilio: “El acusado, en lugar de desplazarse hasta la vivienda a los efectos de proceder al reconocimiento y levantamiento del cadáver, envió un fax desde las instalaciones del Instituto de Medicina legal de Úbeda”, explica la Fiscalía. En ese documento, remitido al Juzgado de Instrucción número 4, “se certificaba la muerte natural [de la fallecida] por parada cardio-respiratoria”. Además, también aseguraba que no consideraba necesaria la práctica de la autopsia.
“Ante la incomparecencia del acusado”, el jefe del Instituto de Medicina Legal en Jaén comisionó a otra médico forense, que estaba de guardia en el partido judicial de Martos. Fue esta segunda profesional la que se desplazó al domicilio de la finada —una anciana octogenaria— y fue ella la que informó al Juzgado de que la causa inmediata de la muerte “correspondía a un mecanismo violento por caída accidental”. De hecho, el cuerpo presentaba un traumatismo cráneo-encefálico y una herida incisa “a nivel supraciliar derecho”. La forense sí dejaba claro que la gravedad y la repercusión debían establecerse tras realizar la oportuna autopsia.
Con este relato provisional de hechos, la Fiscalía acusa a J. G. S. de un delito de falsedad en documento público cometida por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. En concreto, considera que faltó a la verdad en la narración de los hechos. Por ello, le pide una condena de cuatro años de cárcel y una multa de 3.000 euros. Además, también se solicita la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante tres años.
Por su parte, la defensa niega todos los cargos que se le imputan al forense acusado y reclama la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables. Fuentes cercanas al caso explican que el procesado no tenía intención alguna de falsear un documento oficial, sino que se limitó a informar al Juzgado de Instrucción número 4 de unos hechos que, previamente, le habían comunicado desde los servicios de urgencias. Esas mismas fuentes explican que la autopsia determinó que la mujer falleció como consecuencia de un “accidente cardiovascular”, lo que originó que se desvaneciera y se golpeara al caer al suelo. Por todo ello, la defensa argumentará en el juicio que falta un elemento fundamental del delito de falsedad: el dolo. El juicio se celebrará el próximo 8 de julio en la Sección Tercera de la Audiencia.