A juicio por amenazar hasta cerrar “tratos” con fincas rústicas
Cuatro jóvenes se sentarán en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia Provincial para responder de una acusación que asegura que intermediaban en la compra y la venta de fincas y en el pago de deudas, en general, y usaban el miedo y las amenazas para conseguir su propósito. Según el relato de la fiscal, los cuatro se pusieron de acuerdo y acudieron con otra persona para cobrar una deuda que tenía pendiente con un vecino de Castillo de Locubín. El texto afirma que lo amenazaron con hacerle daño si no firmaba unos papeles.
El Ministerio Público añade que le obligaron a firmar un documento, que era un contrato de venta de dos parcelas. No obstante, deja claro que lo hizo en contra de su voluntad por el temor que le causaron dos de los acusados. Asimismo, indica que uno exigía a otra persona el pago de una deuda de 250 euros. Narra que le hizo firmar, en contra de su voluntad, un documento en el que reconocía el impago e, incluso, le dijo que le rompería el pago o se “llevaría por delante” a su exmarido o su actual pareja si les decía algo a ellos o a la Guardia Civil.
Por eso, la fiscalía considera que concurren dos delitos de extorsión. Solicita dos años y medio de cárcel. Asimismo, también tendrán que responder por un delito contra la salud pública, ya que la fiscal afirma que traficaban con droga. Para ello, se basa en una operación de la Guardia Civil. Los agentes entraron en la vivienda de uno de los acusados porque sospechaban que allí preparaban y disponían sustancias estupefacientes que luego se vendían en un bar cocaína y marihuana. La primera se valoró en 967 euros por parte de la Oficina Central de Estupefacientes, mientras que la marihuana se tasó en 15.282 euros. También indica que su intención era venderla a terceras personas. La Guardia Civil también se llevó diversas básculas de precisión.
Por último, otro de los jóvenes también fue detenido. Cuando examinaron el coche en el que iba encontraron una sustancia de color blanco que, tras su análisis, la Oficina Central de Estupefacientes señaló como cocaína valorada en 2.888 euros. El procedimiento señala que el arrestado tenía la intención de venderla. El Ministerio Fiscal solicita penas de dos años y medio por los delitos de extorsión, a los que une otras de siete años de cárcel y una más de tres por hechos vinculados a la salud pública.
la vista. El juicio está fechado para el próximo mes de octubre en la Audiencia Provincial de Jaén. Allí se celebrará la sesión pública, en la que cada acusado tendrá que responder ante los delitos que se le imputan y defenderse de la penas que solicitará el Ministerio Público al tribunal que revisará la causa y se encargará de dictar sentencia. Precisamente, fue el Juzgado número 1 de Alcalá la Real el que se encargó de tramitar todo el procedimiento, que ahora acabará en la Audiencia Provincial de la capital jiennense. Las personas que se sentarán en el banquillo se juegan mucho, ya que la petición de penas que privan de libertad es grave. De hecho, se justifican en delitos relacionados con la extorsión —por un lado— y con la salud pública —son los que recogen los casos de tráfico de drogas—.