A esperar cuatro meses más
Había expectación en la sala de vistas de la Audiencia Provincial. Francisco Javier Gómez Sevilla, exalcalde de Huesa, se sentaba en el banquillo de los acusados junto a Juan Carlos G. P., arquitecto municipal.
El exregidor se enfrentaba a una solicitud dura por parte de la Fiscalía, que lo acusa de delitos de falsedad documental y prevaricación, por los que se solicita cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación para ocupar un cargo público.
En el pasillo de la sala de vistas esperaban nueve testigos y un perito, que son claves para repasar el caso. Sin embargo, faltaba un perito más, por lo que el Ministerio Fiscal solicitó la suspensión de la vista. “Me han dicho que no está. Al parecer, se ha marchado a China”, dijo el fiscal al tribunal. “¿A China?”, preguntó extrañado el presidente de la sala, José Cáliz Cobaleda, al que se le veía que no le hacía ninguna gracia suspender la vista que ya estaba prevista. De hecho, se le intentó localizar, pero no hubo éxito. Eso de China le sonaba raro. Ahora toca esperar cuatro meses más para que se vuelva a plantear, otra vez, una nueva vista. Sin duda, un retraso incómodo para los que quieren probar su inocencia y, también, para los que pretenden acabar con el procedimiento y que se imparta Justicia.
Connivencia
El exalcalde de Huesa se sienta en el banquillo acusado de delitos de falsedad de documental y prevaricación, por los que la Fiscalía le pide cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación. Según el Ministerio Público, hizo pagos a una empresa por trabajos que sabía que no estaban ejecutados. Junto a él se sentó Juan Carlos G. P., arquitecto municipal, al que se acusa de falsedad en documentos y piden tres años de cárcel e inhabilitación. Según recoge la Fiscalía en su escrito, en 2008, el Ayuntamiento de Huesa aprobó la realización de la obra denominada Ensanche de la Fuente del Popi (cuyo proyecto fue realizado por el arquitecto municipal Juan Carlos G. P.) para la cual solicitó y le fueron concedidas dos subvenciones. Una era de la Diputación y ascendía a 13.206 euros para la adquisición de materiales, mientras que la otra era por importe de 34.414 euros y la concedió el Servicio Público de Empleo Estatal.
Sostiene el fiscal que el entonces alcalde de Huesa, Francisco Javier Gómez Sevilla, en connivencia con el arquitecto municipal, “pese a que conocían que las obras para las que las subvenciones fueron concedidas no se habían ejecutado excepto una mínima parte referente a un destierro y la demolición de un muro, emitió el primero de ellos órdenes de pago para la adquisición de materiales y pago de nóminas supuestamente por trabajos y adquisiciones derivadas de dichas obras, con cargo a dichas subvenciones”.