30 años de igualdad conquistada

Se cumplen 30 años del primigenio 28F, y toca despertar a la memoria. Ko que ocurrió en 1980 es la historia de una conquista, la de un pueblo, el andaluz, que hizo lo que no estaba previsto, que cambió las reglas sólo a base de tesón y voluntad, porque también hay rebeliones pacíficas. Aprobada la Constitución en 1978, las comunidades contaban con dos vías para acceder a la autonomía: una, la del artículo 151, estaba reservada a las llamadas comunidades históricas —País Vasco, Cataluña y Galicia—; la otra, la del artículo 143, era por la que debían transitar todas las demás regiones. La diferencia, más allá del simbolismo de diferenciar entre unas y otras, estaba en la velocidad en la que se accedía al autogobierno, infinitamente mayor a través del 151.
Andalucía no entró en el grupo de cabeza de las históricas, pero tampoco se conformó con la decisión del Gobierno que, en la práctica, creaba dos divisiones de autogobierno. Pese a la sólida oposición que encontraron en el gabinete de UCD, los andaluces, convocados por todas las fuerzas políticas y sociales de la región, fueron a votar en masa y a decir que no querían hacerse autonomía por el camino lento. Ese día, las urnas reflejaron el sentir que, apenas tres meses atrás, se había visto en las calles, en las protestas masivas de diciembre del 79.
Aquel viernes 28 estaban convocados a las urnas cuatro millones largos de electores, de los que dos millones y medio —un 55,43% de los sufragios— dieron su sí en el referéndum, pese a lo complejo de la pregunta: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa, prevista en el artículo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento previsto en dicho artículo?”. Andalucía logró unos datos aún más entusiastas de los que cinco meses antes habían manifestado los vascos y los catalanes. Todas las provincias superaron esa barrera del 50% de apoyos —Jaén a duras penas—, salvo Almería, un contratiempo achacado entonces a un fraude en el que votaron niños y muertos, como denunció Manuel Clavero Arévalo, a quien el apoyo a la autonomía de su tierra le costó el abandono de su cargo como ministro de Cultura; él fue quien acuñó en aquellos años una frase mítica, la del “café para todos” que era lo que le pedía a sus compañeros de UCD: 17 tazas, todas igual de llenas o de vacías, para cada región. Tal era el ansia que los cronistas de entonces buscaban desesperadamente un motivo para el resbalón almeriense y el casi desastre jiennense: que si son provincias más periféricas y el sentimiento andaluz era menor, que el caciquismo estaba muy implantado, que había demasiados emigrantes fuera de su casa que no pudieron votar, que si recibían la influencia de la política castellana y murciana, poco interesada en hacer de sus territorios “comunidades de primera”, que allí las emisoras que se oían no ponían más que radionovelas en valenciano.
“Andalucía le va a quitar el sueño a Adolfo Suárez”, decía el entonces senador socialista Antonio Duarte en la noche electoral, mientras se recontaban votos en la pizarra del Casino de la Exposición de Sevilla, ya por siempre un símbolo vivo de la pelea democrática. El revés almeriense, sin embargo, hizo que desde La Moncloa se mantuviese la calma. “La mayoría es amplia, pero el referéndum está perdido”, dijeron sus portavoces en una rueda de prensa casi con estrellas, a las siete de la mañana del 1 de marzo. Si una provincia había fallado, la pelea parecía perdida a ojos de la UCD, pero no contaron con el ímpetu generado en Andalucía, con la voluntad de la calle, que iba más lejos de lo que los partidos ordinarios podían lograr.
El debate político que se generó pasado el 28F fue tan intenso —azuzado además por los nacionalistas del País Vasco y Cataluña— que no hubo más remedio que llevarlo a las Cortes y pedir la modificación de la Ley de Referéndum para que se permitiera la incorporación de Almería al proceso autonómico —se había quedado con un 42% de votos a favor, lejos del 65,1% de síes de Sevilla, la provincia más partidaria del cambio—.
Decía la ley de entonces que, si un referéndum de esta naturaleza no lograba el sí generalizado, la consulta no podría convocarse de nuevo hasta pasados cinco años. De ahí que, tras la noche de infarto, algunos políticos más templados casi abogaran de inicio por “acelerar” la autonomía “todo lo posible” pero por la vía que quedaba, la del artículo 143. El entonces presidente de la Junta, Rafael Escuredo, se negaba a admitir esa derrota y pedía a todos “unidad y firmeza” en la pugna. Tuvo razón y su constancia acabó triunfando.
El triunfo completo llegó en octubre de 1980. La presión contra el centralismo del Gobierno acabó con el voto del Congreso a favor del cambio en la norma y se desbloqueó el acceso de la comunidad a la autonomía por la vía del 151. La no ratificación de Almería pudo sustituirse por el aval de las Cortes Generales, “previa solicitud de la mayoría de los diputados y senadores de esta provincia”, una condición que era mero trámite. El truco impidió que el respaldo masivo al sí se perdiera en la burocracia y las décimas.
Justo un año más tarde, se aprobaba la carta magna, el Estatuto de Autonomía, remozado en 2007, fundamentado en el texto pactado en Carmona (Sevilla) y que fijaba las bases del futuro. “Lo que consiguió Andalucía no tiene nada que ver con las barreras, sino con la capacidad de un pueblo de decidir por sí mismo tomando como arma la propia Constitución”, defiende Griñán, el sucesor de aquellos pioneros de la administración, que apenas soñaban con el poder y las transferencias de hoy. Lo cierto es que la conquista de la autonomía estuvo alejada de un sentimiento nacionalista y cristalizó gracias a una conciencia fuerte de pasado y futuro común.