"28 de febrero" denuncia que los mutualistas siguen sin solución
Se cumplen tres meses desde que la Asociación de Promoción Social 28 de febrero retomó las movilizaciones para reivindicar el cumplimiento del decreto ley aprobado por la Junta, pero la situación sigue igual. La falta de información hace que los 180 afectados se sientan indefensos ante una discriminación que consideran grave. Una imagen que se ha convertido en habitual cada jueves, cuando, a las once de la mañana, mutualistas de la Asociación de Promoción Social 28 de febrero llegan a la Plaza de la Constitución y, frente a las oficinas de Generali, despliegan sus pancartas para reivindicar el cumplimiento del decreto ley aprobado por la Junta. Ya van tres meses y han solicitado permiso para continuar, los días 3 y 10 de abril, porque no ven visos de solución.
"Hasta el momento no confirman nada. Sabemos que el tema está avanzado, pero ha pasado enero, febrero y marzo, y siguen sin pagar", explicó el asesor e integrante de la junta directiva de "28 de febrero", Jesús Fernández. Así, lamentó que, después de 16 meses, el decreto, que tachó de "chapuza", siga sin cumplirse "vulnerando el principio de legalidad". "Esto es una barbaridad. Es inexplicable, que en Andalucía haya 6.000 trabajadores a los que se les ha extinguido su contrato de trabajo sin culpa y se queden unos cuantos excluidos", dijo. En este sentido, aseveró que el decreto en sí es un "revoltijo" que mezcla cuestiones relativas a extrabajadores de la automovilística de los años 2001 y 2011 con "asuntos que son totalmente diferentes".
Y ante esta situación, tan solo obtienen la callada por respuesta. "Aquí nadie responde, nadie da explicaciones, nadie firma nada. Los plazos que han ido dando se han incumplido, mientras Generali utiliza a los afectados contra la Junta de Andalucía. Se ha producido una discriminación grave", lamentó.
En total, son unos 180 los afectados, entre los que esperan la novación de las pólizas de Útiles del Sur y Matresur, y los que tratan de recuperar el complemento vitalicio acordado en 2001. "El decreto ha dejado indefensos a los más antiguos y con acuerdos de hace 13 años. Personas que tenían que estar ya jubiladas y tranquilas, con cerca de setenta años", precisó Jesús Fernández.