El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, al tiempo que ha declinado hablar acerca de las joyas que le fueron intervenidas en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros. Así lo ha defendido este miércoles en una declaración de tres horas en la Audiencia Nacional como investigado ante el magistrado instructor del ‘caso Plus Ultra’, en la que sólo ha respondido a preguntas del magistrado y de su abogado, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Zapatero ha explicado que está recopilando documentación para explicar el origen de las joyas, después de que el magistrado abriera una pieza separada en el caso y le imputara por presuntos delitos fiscal y de contrabando al no ver acreditada la procedencia de las mismas, de acuerdo a las mismas fuentes. El expresidente, a quien el juez llamó a declarar como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos”, ha asegurado que no se puso en contacto con ningún funcionario respecto al rescate. Y ha negado haber mantenido contacto directo con directivos de la aerolínea rescatada y ha dicho que sólo conoció al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola --también investigado en el caso--, en el año 2024, según las mismas fuentes.
A su vez, ha rechazado tener ninguna empresa en el extranjero, desvinculándose también de la creación de una empresa “offshore” en Dubái, como le atribuyó indiciariamente el juez Calama. En el auto de imputación, el magistrado apuntó a que el expresidente habría impartido instrucciones para constituir una sociedad mercantil instrumental en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Sospecha que, a través de ella, se habría canalizado el cobro de 530.000 euros --el 1% del rescate-- que presuntamente habría recibido la supuesta red a cambio de sus gestiones para la concesión de la ayuda a Plus Ultra. El exlíder socialista ha declarado que su amigo Julio Martínez Martínez, dueño de la empresa Análisis Relevante y también imputado en el caso, le hacía encargos profesionales y verbales que cobraba a final de año. A este respecto, el juez subrayó que Zapatero habría recibido pagos de Análisis Relevante por valor de 490.780 euros, un dinero que el expresidente ha defendido que recibió por trabajos de consultoría. No obstante, el juez cree que estas labores fueron simuladas y, en el fondo, encubrían el pago de comisiones a cambio de su mediación en el rescate de la aerolínea. Y es que según el relato del magistrado instructor, la presunta trama habría utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
Zapatero también se ha referido a la actividad profesional de sus hijas, aduciendo que su sociedad, What The Fav —también bajo sospecha en la investigación—, funcionaba realmente y cobraba por realizar trabajos reales de maquetación, por lo que ha descartado cualquier tipo de irregularidad. En este punto, el magistrado apuntó en el auto de imputación de Zapatero que la empresa de sus hijas recibió pagos de 423.779 euros por parte de Análisis Relevante y otras empresas investigadas en el caso. Nuevamente, el juez sostuvo que el cobro de estas cantidades respondía también a trabajos ficticios. De la misma forma, el expresidente no ha hablado sobre el empresario venezolano y exconsejero de Plus Ultra Rodolfo Reyes, en paradero desconocido y con una orden activa de busca y captura de Interpol. El contenido de su teléfono, intervenido por Estados Unidos y facilitado a la justicia española, es una de las fuentes de prueba sobre las que gira el caso. En una resolución incluida en el sumario del caso, Calama atribuyó a Reyes la ideación de “un presunto plan para apropiarse” de cantidades del rescate a la aerolínea “que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales” investigadas en el caso. En concreto, según el relato del magistrado, Reyes presuntamente ordenó que algunas de las cantidades recibidas por el Gobierno fueran transferidas de las cuentas de Plus Ultra a las de tres sociedades controladas por un supuesto testaferro de la presunta trama.
Por otro lado, en un comunicado recogido por Europa Press, el exdirigente socialista ha informado de que ha presentado al magistrado “una autorización universal voluntaria” para constatar “la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad” suya directa o indirecta, negando tener “absolutamente nada fuera de España”. Zapatero ha señalado que se le investiga por “muy graves delitos” que dice no haber cometido. “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, ha agregado. “Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí”, ha indicado. El exdirigente ha asegurado que su “mensaje” va dirigido “también a todos esos conciudadanos y conciudadanas”: “Les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda”.
Zapatero ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional, ha entrado por la puerta principal tras saludar a la prensa y, posteriormente, ha salido a las 13:00 horas por una puerta distinta, todo ello en un ambiente de gran expectación mediática y numerosa presencial policial. El expresidente ha accedido por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes —por la que ha acabado saliendo—, tras una petición realizada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad y que fue autorizada por la Audiencia Nacional.