La jueza cita el jueves a Puigdemont imputado por rebelión
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido este martes la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los 13 consejeros de su Gobierno, a los que cita a declarar como investigados para los próximos 2 y 3 de noviembre a las nueve de la mañana para fijar las medidas cautelares pertinentes contra ellos.
Además de las citaciones, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acuerda en su auto, tal y como pedía el Ministerio Público en la querella, fijar a los 14 querellados una fianza de 6.207.450 euros con apercibimiento de embargo si no la depositan en el plazo de tres días.
La magistrada ha ordenado también que se incorporen a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
La querella de la Fiscalía fue presentada ayer ante la Audiencia Nacional y llegó al Juzgado de Lamela porque precisamente era el que estaba de guardia esta semana. Así, la magistrada tenía dos opciones: o asumir ella la instrucción o enviar el escrito a reparto entre los diferentes juzgados del tribunal.
Finalmente, la jueza se declara competente para instruir el caso y decide incorporar esta investigación, como pieza separada, a la causa por sedición que ella misma dirigía y por la que envió a prisión provisional a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
La jueza opina que la querella del Ministerio Público expone de manera “seria, racional y lógica los motivos que le llevan a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”. MEDIDAS CAUTELARES ANTE LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS
Así, Lamela afirma que “existen factores para determinar la necesidad de adoptar medidas cautelares de carácter real” ante la “gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos en este proceso”, que, tal y como expone la Fiscalía en su querella, se remonta al 9 de noviembre de 2015, cuando arrancó el plan independentista en el Parlament.
Conforme al relato expuesto por el fiscal en su escrito, la magistrada considera en su auto que los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España, en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno y, por tanto, sería competencia de la Audiencia Nacional.
“La finalidad última de las acciones que atribuye a los querellados era conseguir la celebración del referéndum para la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto, y en particular de la Constitución”, explica.