Imanol Arias, tras reconocer cinco delitos fiscales: “Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto cuanto antes”

Ha señalado al asesor fiscal y propietario del bufete Nummaria, Fernando Peña, como responsable de idear la estructura defraudatoria

11 jun 2024 / 19:12 H.
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El actor Imanol Arias ha señalado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional tras reconocer cinco delitos fiscales que renuncia a hacer uso de su derecho a la última palabra porque quiere “dejar de estar en la cabecera de este reparto cuanto antes”. Así se ha pronunciado durante la vista oral que se celebra contra él, contra la también actriz Ana Duato y casi una treintena de personas en el marco del caso Nummaria. Imanol Arias ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que acepta una pena de cárcel de 2 años y 2 meses, si bien eludirá entrar en prisión. Él ha sido el octavo en declarar en la mañana de este martes tras otros siete encausados que también han reconocido los hechos. En su turno, tras ser preguntado por la presidenta del tribunal, la magistrada Ana Revuelta, sobre si conocía a cuánto ascendían las penas de cárcel, el actor ha espetado que sí, pero le ha señalado que “podría decirlas para que lo sepa todo el mundo”. La presidenta, ante este comentario del actor, ha explicado que en la Sala todos tenían conocimiento de las penas y por tanto no procedía su lectura.

Tras esto, Arias ha confirmado que ha satisfecho íntegramente la indemnización que se le exige para la Agencia Tributaria por esos cinco delitos, y ha explicado a preguntas del fiscal que la idea de constituir sociedades participadas por otras mercantiles extranjeras fue de su asesor fiscal Fernando Peña, propietario del bufete Nummaria y principal investigado en esta causa. “¿Por qué aceptó esa estructura societaria?”, le ha preguntado el fiscal Tomás Herranz, ante lo que ha alegado desconocimiento, y ha señalado que él no se encargaba de esos asuntos y creía que todo “formaba parte de la estructura necesaria”. Al hilo, ha apuntado que sólo trataba sus asuntos con Fernando Peña y, si bien no ha contestado al resto de defensas, ha acotado su relación con el despacho a esa persona, negando haber tenido trato con ningún otro de los encausados.

En la conformidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, el actor reconoce delitos fiscales en el IRPF de 2010 a 2014 y acepta en total 2 años y 2 meses de prisión más una multa en los dos primeros ejercicios del 50% de la cantidad defraudada, y una del 60% en los últimos tres ejercicios. El escrito reza que Fiscalía no se opone a la suspensión de las penas por período de dos años y destaca que la responsabilidad civil, incluyendo cuota tributaria e intereses de demora tributarios, está íntegramente satisfecha. Según ese escrito, Imanol Arias abonó en un primer momento 1,95 millones para resarcir los más de 2 millones de euros que debía a Hacienda; y el 3 de junio, antes del arranque de la vista, añadió otros 244.799 euros. A esa cantidad, el actor ha sumado los 1,15 millones de multa impuestos y las costas del proceso que ascienden a 30.000 euros.

“Plena confianza en el asesor fiscal”

Al igual que Arias, este martes han declarado los otros ocho encausados que han conformado con Fiscalía reconociendo los hechos. Uno de ellos, Santiago Burgaleta, ha explicado que aceptó una estructura societaria por parte de Fernando Peña porque pensó que era lo correcto y porque “en ningún momento” creyó que “tuviera la repercusión que tuvo después”. Así, al igual que el actor, ha explicado que se dejó asesorar que “tenía plena confianza en el asesor fiscal”. “Ni entonces ni ahora soy capaz de explicarle bien ni lo que es una agrupación ni una comunidad de bienes”, ha respondido a preguntas del fiscal al ser cuestionado por la estructura societaria.

Al igual que este acusado, varios de los conformados han seguido parecido guion, reconociendo todos lo plasmado en el escrito de conformidad y en las manifestaciones realizadas ante notario. Cabe recordar que, en esta causa, la Audiencia Nacional ha investigado a una treintena de personas y varias empresas por presuntamente haber evadido impuestos a través de un despacho de abogados –Nummaria– dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.

El juez Moreno concluyó que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades “cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó”. Según Anticorrupción, Peña, “con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba” bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo. Esas sociedades –en número superior a 200– eran empleadas “tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realización de las actividades ilícitas” investigadas en la causa.


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